Ignacio Alvizar pide que los responsables de las investigaciones agilicen sus indagatorias y sustenten al grado máximo sus pruebas.
A dos semanas del enfrentamiento en la autopista Puebla-Atlixco que propició la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo aún no hay culpables de lo ocurrido.
La muerte del menor de edad continúa impune. Los responsables del operativo que propició el enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales siguen sin rendir cuentas.
“Tenemos que saber quiénes fueron los responsables y que se les castigue con todo el peso de la ley”, demanda el diputado estatal Ignacio Alvízar Linares.
El legislador de Movimiento Ciudadano hace un llamado al gobierno de Rafael Moreno Valle para que agilicen las investigaciones porque, reitera, “la muerte de un ser inocente, no debe quedar impune”.
En entrevista con Reporte Indigo reitera su petición hecha el pasado 22 de julio en el pleno del Congreso poblano: que los responsables de las investigaciones agilicen sus indagatorias y sustenten al grado máximo sus pruebas.
“No puede haber margen de error en sus resultados”, afirma tras condenar el espectáculo de intereses partidistas y el lucro político que algunos actores están sacando “a costa de la muerte de un menor”.
También lamentó la defensa que el diputado priista Víctor Giorgana sigue haciendo de la denominada Ley Bala:
“Yo sigo insistiendo que la ley que hoy está siendo cuestionada esté mal, ha sido una ley revisada por la CNDH y ha establecido que no tiene acciones de inconstitucionalidad”, afirmó ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso poblano.
Tras la “experiencia tan desagradable que nos deja esta ley”, considera por su parte Alvízar, el interés parlamentario debería estar focalizado en dejar esa legislación atrás y elaborar una nueva que no contenga ambigüedades para propiciar atentados contra los ciudadanos.
Mientras el descontento social por el operativo Bala sigue en aumento, Giorgana ya informó que las comisiones legislativas tardarán “entre ocho y diez semanas” para pronunciarse sobre la solicitud hecha en días pasados por el gobernador Rafael Moreno Valle.
El Ejecutivo estatal pidió al Poder Legislativo abrogar la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”. Ello como reacción a los trágicos sucesos del pasado 9 de julio.
Una ley ambigua y mortífera
Ignacio Alvízar Linares fue uno de los cinco diputados que en mayo pasado votó en contra de la ley que permite a las fuerzas del gobierno de Puebla el uso de armas de fuego para disolver manifestaciones.
Argumentó su postura indicando que esta legislación era tan ambigua que da para provocar errores en su aplicación e interpretación. Su saldo mortífero está a la vista.
Alvízar se opuso a lo que 32 legisladores en Puebla avalaron: que dependiendo de las circunstancias, la actuación “en legítima defensa” contempla también la utilización de armas no letales y la utilización de armas de fuego o de fuerza letal.
En su momento indicó que existen mecanismos que pueden mejorar el manejo de la fuerza pública sin necesidad de este tipo de ordenamientos legales.
Por ello hoy que las comisiones legislativas analizan la posibilidad de derogar la Ley Bala -que sigue vigente hasta que no haya un nuevo ordenamiento legal- se pronuncia por hacer una “profunda consulta” a la ciudadanía para elaborar la ley que sustituiría a la legislación actual.
Por que los expertos en la materia, los organismos de derechos humanos y los protocolos internacionales sean tomados en cuenta para hacer “una ley que verdaderamente responda a los intereses de la sociedad”.
Lo importante, subraya, es que no se repliquen los errores del pasado “porque sería doblemente lamentable”.
Y también, puntualiza, “que no se le saque raja política a un suceso tan lamentable”. El mismo debe servir “para no cometer los mismos errores”.
