Por: Guillermo Espinosa Martínez*
La firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), en el gobierno de Salinas de Gortari, en noviembre de 1993, y que entro en vigor el 1° de enero de 1994, así como las reformas al artículo 27 Constitucional, limitaron los apoyos y subsidios a los productores mexicanos.
Desde que entró en vigor el tratado de Libre Comercio (TLCAN), los subsidios al campo en los Estados Unidos han sido mucho más grandes que en nuestro país, y en muchos de los casos son para cultivos destinados para México.
En estos 20 años de existencia del TLCAN, la realidad del campo mexicano es un desastre total; no existen subsidios, precios de garantías, apoyos de asesoría o seguimiento a los sistemas de productos.
Muchos campesinos optaron por vender sus parcelas dejando de producir los insumos necesarios para la alimentación del pueblo mexicano.
La competencia y las “oportunidades”-como ahora se les denomina a los problemas- para los productores mexicanos, fueron desastrosas.
Este desastre se amplió y agravó a partir de 1996, cuando se rehabilitaron grandes cantidades de tierras con grandes subsidios de parte del gobierno de los Estados Unidos.
Este análisis y nuestra afirmación de que el campo mexicano se encuentra desbastado desde la aparición del TLCAN, queda clarificado en la investigación de ocho productos específicos realizados por Timothy A. Wise1,
“¿Cómo han afectado las políticas agropecuarias de los EU a los productores mexicanos en un contexto económico de comercio liberalizado?
Hemos analizado ocho productos cuantiosamente apoyados –maíz, soya, trigo, algodón, arroz, carne, cerdo y pollo– que compiten con productos mexicanos y cuyos niveles de exportación a México han crecido entre 159 y 707% desde principios de los noventa. Juntos, estos productos representan el 52% del valor de las exportaciones agropecuarias a México.
Examinamos en qué medida estos productos se exportaron a México a precios por debajo del costo de producción entre 1997 y 2005.
Nos concentramos en este periodo porque es posterior a la mayor parte de la liberalización que supuso el TLCAN, así como a la entrada en vigor en los EU de la Ley de Apoyo al Campo (Farm Bill), en 1996.
Esta Ley generó importantes cambios en la producción y precios agropecuarios en Estados Unidos, al rehabilitar grandes cantidades de tierra para la producción agrícola que anteriormente ya no se utilizaban con ese fin. (Wise1)
“Nuestro objetivo era estimar el costo que han pagado los productores mexicanos al reducirse los precios de productos agrícolas en el mercado interno como resultado de la importación de productos estadounidenses por debajo del costo de producción. Para el periodo 1997-2005, estimamos el costo para los ocho productos en 12,800 millones de dólares (a precios constantes, en dólares de 2000), ello equivale a 10% del valor de todas las exportaciones agropecuarias de México a los Estados Unidos. Los productores de maíz fueron, por mucho, los más afectados, con pérdidas por 6,600 millones de dólares, un promedio de 38 dólares por tonelada métrica o 99 dólares por hectárea. Esto es más que el pago por hectárea promedio a pequeños productores bajo el esquema de subsidios de Pro-campo.”
Hoy que se están realizando los foros para la transformación del campo, por parte del Gobierno Federal, es claro que mientras se conserve el proyecto neoliberal, y se les continué facilitando apoyo a las grandes trasnacionales, difícilmente el campo mexicano podrá competir con los productores estadounidenses. Y si el gobierno sigue sin revisar el TLCAN, además de continuar las políticas públicas alejadas del apoyo o subsidio al campo mexicano, los productores mexicanos se verán imposibilitados para competir con los productores estadounidenses y canadienses.
La realización de estos foros por parte del Gobierno para la elaboración del proyecto para el campo, es, simplemente, una forma de legitimar la propuesta ya elaborada desde el escritorio, lo que difícilmente vendrá a solucionar los problemas de los productores y campesinos mexicanos.
Es claro que las organizaciones sociales que han participado en los foros, tal vez con la esperanza de que sus propuestas sean tomadas en cuenta, sólo fueron a legitimar dicho proceso.
Sin embargo, tal y como ha ocurrido con la reforma educativa, la fiscal y la petroquímica, existen organizaciones que se oponen a este proyecto que vendrá a profundizar el problema del campo, entre ellos nuestro instituto político, desde la cámara de Diputados.
Por lo que nos hemos propuesto enarbolar las siguientes propuestas:
-Respeto a la propiedad social de la tierra, el agua y los recursos naturales.
-Reorientación del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (de alrededor de 330 mil millones de pesos)
-Creación de una banca de desarrollo rural.
-Regulación de los mercados.
-Rechazo a los transgénicos en el agro mexicano.
-Reconocimiento de los derechos de la población rural indígena.
* Coordinador Estatal de Productores y Trabajadores de Movimiento Ciudadano.
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