El diputado de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización, a través de la cual, se pretende dar celeridad al dictamen de las cuentas públicas, y evitar que este tema se convierta en “chantaje político”. En la propuesta se establece un plazo de 90 días para que los estados financieros se turnen al Pleno del Poder Legislativo, después de que la Comisión Inspectora los reciba de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Julián Peña, refirió que con esta iniciativa se pretende dar transparencia a los dictámenes, pues tanto la Comisión Inspectora como la ASE tendrán los mismos tiempos y reglas para fiscalizar el ejercicio de los recursos.
“Se busca que se dote de mayor transparencia a la dictaminación de las cuentas públicas que el organismo de Fiscalización emite ante la Comisión instructora, que el ente obligado y autoridad fiscalizadora tengan los mismos tiempos, que cumpla las mismas reglas y cuenten con los mismos recursos, que ambas partes cumplan de manera justa con su fin, pues esto dará certeza a los ciudadanos qué esperan de sus autoridades”, explicó.
La propuesta contempla la derogación del segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas Públicas, en el que se establece que la ASE tiene una prórroga de 5 meses para revisar un dictamen después de recibirlo.
Mientras que en la modificación del inciso C del artículo 48 se establece que una vez que la ASE entrega a la Comisión Inspectora el dictamen final, éste debe remitirse al Pleno hasta 90 días después para ser votado.
“Recibir de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, los informes del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los Sujetos de Revisión, que éste le remita en cualquiera de los periodos de sesiones a que se refiere el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaminarlos dentro del plazo que no exceda de noventa días y turnarlos al Pleno del Congreso del Estado para su aprobación”.
