México es un país de contrastes, y para explicar su realidad hace falta observarlo desde múltiples ángulos, pero más allá de eso en nuestro país existe una constante, dolorosa y vergonzante, se trata de la pobreza.
La pobreza es uno de los grandes temas pendientes en la agenda nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima en 60.6 millones la cifra de mexicanos que viven por debajo de la línea mínima de bienestar, lo anterior se traduce de manera sencilla: La mitad de los mexicanos son pobres.
Según el informe, 47.4 de cada 100 niños y adolescentes en México enfrentan una situación de pobreza, 28.1 de cada 100 sobreviven en una situación que la Cepal califica de “indigencia” y el restante 19.3 de cada 100 en hogares “pobres”. Las privaciones más significativas que padecen son las relacionadas con saneamiento, vivienda y acceso a agua potable.
El número de mexicanos sin acceso a la seguridad social creció de 69.6 millones en 2010 a 71.8 millones en 2012. Por separado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Gobierno Federal señala que en México existen 7.4 millones de personas en situación de pobreza extrema y alimentaria.
La pregunta es obvia ¿qué hace el Gobierno Federal para reducir la pobreza? En los últimos 20 años, se ha institucionalizado el combate a este flagelo desde tres grandes programas asistenciales conocidos como Solidaridad, Progresa, Oportunidades y en los últimos meses Prospera.
El periódico Excélsior publicó un interesante ejercicio respecto del gasto gubernamental para el combate a la pobreza. De acuerdo con estas cifras, en el año 1994 el Gobierno erogó 87 mil 488 millones de pesos; equivalente al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para el 2006 el gasto en el combate a la pobreza ya representaba el 1.3 por ciento del PIB.
En ese lapso el programa contra la pobreza cambió de nombre. Primero fue Solidaridad, instaurado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, luego Progresa en el sexenio de Ernesto Zedillo, convirtiéndose en Oportunidades bajo la gestión de Vicente Fox.
En la administración de Felipe Calderón, Oportunidades alcanzó un presupuesto anual de 310 mil 302 millones de pesos (2012) el 1.92 por ciento del PIB. Sin embargo, la cifra de pobres prácticamente no cambió al pasar de 53.1 por ciento de la población al 52.3 por ciento, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La fórmula de combatir la pobreza con más recursos públicos dirigidos a programas asistenciales ha mostrado su ineficiencia “los profundos cambios que la sociedad mexicana ha enfrentado en este período, han impactado negativamente las condiciones de vida de la población mayoritaria, incrementando la pobreza y la pobreza extrema, acentuando las desigualdades entre sectores sociales y entre regiones, concentrando el ingreso”, externó la Maestra Lilia Ramírez Contreras, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la U.A.N.L.
Consultado por Excélsior, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Gerardo Ordóñez, coincidió al señalar que los programas asistenciales “son sólo instrumentos paliativos que ayudan a mitigar la condición de pobreza de las personas. Lo que buscan es compensar en algo los efectos negativos del modelo de desarrollo que tenemos, pero distan de tener efectos duraderos sobre los beneficiarios”, destacó.
En entrevista, el subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Javier Guerrero García, atribuyó parte del fracaso de los programas asistenciales a la duplicidad que existe entre programas entre los tres niveles de gobierno. Aseguró que en el país operan 2 mil 570 programas para el combate de la pobreza, pero casi ninguno de ellos promueve la productividad como factor para erradicarla, ya que todos se limitan al asistencialismo.
“No es posible que tengamos más de 2 mil 300 programas a nivel estatal y municipal y a nivel federal tengamos 270 programas, y que no seamos capaces de crear condiciones de articulación que permitan optimizar recursos y establecer criterios que vayan hacia un mismo objetivo”, argumentó.
Alicia Santana, investigadora sobre pobreza de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, sostiene que “hace falta diseñar un esquema para que los beneficiarios de los subsidios se puedan vincular con empresas, y cuando salgan puedan generar sus propios ingresos a través de un empleo o que creen sus propios negocios.”.
Ahora el programa asistencial opera bajo el nombre de Prospera, durante su presentación el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el nuevo modelo establecerá acceso a créditos, fomentará la educación mediante becas para personas con escasos recursos, y otros incentivos que le permitan a los beneficiarios acceder a actividades productivas.
Pero los especialistas coinciden que el bajo ritmo de crecimiento económico del país no es el escenario ideal para que programas asistenciales “prosperen”, por lo que será hasta un mediano plazo cuando estemos en posibilidad de evaluar el éxito o fracaso de este “nuevo” modelo de atención a grupos vulnerables.
