Clemente Castañeda hace un llamado a las fuerzas políticas para que apoyen la iniciativa para crear la Ley Estatal para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura en Jalisco
El diputado solicitará la comparecencia de los titulares de la Fiscalía, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
En rueda de prensa, el diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich presentó la Iniciativa de Ley Estatal para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura que suscribe junto al diputado Hernán Cortés, con el objetivo de posicionar el tema de la tortura en la agenda pública de Jalisco, toda vez que constituye una de las violaciones más severas contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.
La iniciativa de Ley es resultado del trabajo de consulta y diálogo realizado con académicos y en particular con el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). Así mismo, para fortalecer la discusión de la iniciativa e identificar las posibles fallas en el combate a la tortura, Clemente Castañeda solicitará la comparecencia del Fiscal General, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la próxima sesión del Pleno.
En Jalisco en los últimos 17 años se han presentado 991 quejas ante la CEDH por casos de tortura, derivando en 39 recomendaciones que involucran a más de 400 servidores públicos. No obstante, en 20 años no se ha iniciado una sola averiguación previa sobre tortura, y jamás se ha presentado una denuncia en tal sentido; lo que significa que nadie ha sido castigado por este delito registrándose un 100 por ciento de impunidad.
“La tortura es un fenómeno que violenta gravemente los derechos y dignidad de las personas, es una evidencia del fracaso institucional en distintos frentes. En primer lugar, del Gobierno y sus instancias de procuración de justicia, que con la tortura fabrican un delito, fabrican culpables y terminan fabricando víctimas; en segundo lugar, de los organismos garantes de derechos humanos, que a pesar de las quejas recibidas no denuncian penalmente actos de tortura y en tercer lugar, de las instancias periciales como el IJCF, que nunca ha aplicado el Protocolo de Estambul, aunque la CEDHJ se lo haya solicitado en 155 ocasiones desde 2008”, señaló Castañeda Hoeflich.
La Ley propuesta contrasta con la vigente, que en 20 años ha demostrado ser letra muerta. Entre los principales ejes de la Iniciativa presentada se encuentran:
- Se establece una definición de tortura apegada a los tratados internacionales, facilitando su prevención, investigación y sanción. Se elimina el requisito de “gravedad” para acreditar la tortura y la “finalidad específica” de obtener confesiones; y se integran otras conductas que signifiquen un menoscabo a la dignidad de las personas o a su integridad psicológica.
- Como lo recomienda el Comité contra la tortura de la ONU, se establece la imprescriptibilidad del delito, es decir, se establecen líneas más claras y castigos más severos contra quienes cometan el delito de la tortura.
- Se conservan como sujetos activos del delito a los servidores públicos, ya que se trata de un delito de Estado, pero también se incorporan dos elementos: La complicidad de particulares y la posibilidad de que un servidor público autorice, induzca o tolere actos de tortura.
- Se fijan reglas y principios para la investigación de casos de tortura y para brindar atención a las víctimas. Se establece la obligación de la autoridad para investigar de oficio posibles casos de tortura. Se delimitan los pasos a seguir por las autoridades investigadoras para el resguardo e inspección de los lugares donde se presume hubo tortura, las bases para la aplicación de exámenes médicos preliminares, entre otras.
- Se establece que las autoridades serán responsables cuando las víctimas sean privadas de su libertad bajo custodia de las mismas, es decir, se reconoce el derecho de una defensa adecuada para la víctima y la presunción de responsabilidad del Estado en la comisión de tortura bajo su custodia.
- Se establece como obligación de la CEDH presentar una denuncia de hechos por casos de tortura, siempre que se reciba una queja al respecto. Actualmente esta no es una obligación explícita.
- Se plantea una vinculación efectiva con las Leyes de Victimas nacionales y estatales, para que se reparen los daños y se respeten los derechos y la dignidad de las víctimas de este delito.
- Se establece un catalogo de prácticas y actuaciones que deberán seguir los integrantes del Poder Judicial en la investigación y casos de tortura, aspecto no contemplado en la Ley vigente.
- Se crea una Comisión Estatal para Prevenir y Eliminar la tortura, con presencia de académicos y sociedad civil, para impulsar una política de reconocimiento y escrutinio del fenómeno y generar mecanismos de capacitación y certificación para investigación. Servirá para supervisar y dar garantías al cumplimiento esta ley.
- Se establecen un marco de actuación específico para la aplicación de los exámenes médicos sobre la tortura, que realmente sirvan para acreditar los casos, es decir, se fija como parámetro el Protocolo de Estambul, pero no se deja a las víctimas en indefensión.
- Se innova, al otorgar facultades a los organismos de derechos humanos para que realicen visitas a centros de detención, para verificar las condiciones de los detenidos y denunciar prácticas de tortura.
- Se incrementan las sanciones por tortura, con prisión de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días de multa y la inhabilitación permanente del cargo (actualmente la sanción es de uno a nueve años y la inhabilitación no es definitiva) y se establecen como nuevas gravantes los casos de tortura contra grupos vulnerables como pueblos indígenas, migrantes, adolescentes y mujeres.
Clemente Castañeda insistió en que se requiere del compromiso de todas las instituciones y de la sensibilidad de los actores sociales para combatir este problema, “el combate a la tortura, implica un compromiso de Estado, y reglas claras y contundentes que obliguen a las instituciones a defender y proteger los derechos.
Comunicación Social
Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano
LX Legislatura
