11 de junio del 2018
Como una alternativa más para reforzar la vigilancia en los espacios públicos, el Diputado Augusto Valencia López, presidente de la Comisión de Readaptación y Reinserción Social, propuso establecer la obligatoriedad de que los elementos de las empresas de seguridad privada presten una jornada de servicio comunitario a la semana bajo las órdenes de las policías estatal y federal.
En su argumentación, destacó que las empresas de seguridad privada están obteniendo ganancias de 28 mil millones de pesos anuales, según datos del INEGI, y su fuerza laboral supera en número a los elementos con que cuentan las corporaciones de seguridad pública.
“Las empresas están obligadas a prestar capacitación a sus elementos operativos y, en la práctica, no sucede en todos los casos. Al contrario, es evidente que algunas empresas se aprovechan de la capacitación que ofrecen las corporaciones públicas a sus elementos, para más tarde atraerlos a la iniciativa privada”, señaló también, en conferencia de prensa.
El legislador ciudadano incluirá esta propuesta en una Iniciativa de reforma al artículo 173 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, para establecer dicha obligatoriedad para todas las empresas que hacen negocio con la seguridad en Jalisco, así como el que sus elementos sean certificados.
Adicionalmente, presentará una Iniciativa de Acuerdo Legislativo para que el Congreso de la Unión considere reformar el artículo 2 de la Ley General de Seguridad Privada, aprobada al vapor el pasado mes de abril.
El Diputado Augusto Valencia destacó que las policías privadas tienen más elementos que la institución estatal, pues según datos del INEGI 2015, en las 236 empresas registradas laboran 14 mil 349 personas; en tanto que la Policía Estatal cuenta con 11 mil 936, de las cuales 3 mil 533 son oficales operativos.
“A pesar del incremento de estas empresas no se ha reducido la inseguridad, pareciera que hay quienes están interesados en que la seguridad no mejore para tener una posibilidad de seguir haciendo negocio”, recalcó el legislador.
“La mayor demanda de seguridad pública, origina que las empresas dedicadas a la prestación de este servicio aprovechen para alimentar su fuerza laboral entre desempleados, ex policías, ex militares y personas con escasa preparación académica, que encuentran en esta industria un nicho de oportunidad de empleo con pocas exigencias”, alertó presidente de la Comisión de Readaptación y Reinserción Social.
