Reforma Integral al Sistema de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública

Ambas fracciones se unen para enriquecer este paquete de Iniciativas y posteriormente presentar esta Reforma que pone candados a la corrupción, entre otras cosas, según comentó el Diputado Ciudadano Ismael del Toro:

“Al abrir a la libre competencia los procesos de compra gubernamentales estamos consiguiendo tres cosas: combatimos la corrupción y el enriquecimiento ilícito de funcionarios; los gobiernos y los poderes compran a mejor precio y calidad; y la economía crece gracias al impulso de pequeñas y medianas empresas, que pueden ofrecer sus productos sin necesidad de contactos en el gobierno y sin repartir sobornos”.

La transparencia de los gastos gubernamentales es un tema que ha sido muy señalado y que ha generado desconfianza entre la población, y con esta Reforma se pretende transparentar todo gasto público:

“Quiere transparentar, eficientar el gasto público en nuestro Estado, tener finanzas sanas y que por supuesto los ciudadanos tengan la seguridad, la transparencia y los mecanismos necesarios para saber cómo está gastando el Gobierno del Estado, cómo están gastando los Municipios; hay una gran, gran desconfianza de la sociedad acerca del gasto público y con esta Iniciativa en específico se pretende combatir la impunidad”, afirmó el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional.

Se trata de una reforma integral a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones, la Ley de Obra Pública y la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios que tiene como base dos iniciativas pendientes de dictamen en la Comisión de Hacienda y Presupuestos: una presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, que reforma diversos artículos de la actual Ley de Adquisiciones y Enajenaciones; y otra del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentada en la pasada legislatura, y que propone una nueva Ley de Adquisiciones.

En la Comisión de Hacienda y Presupuestos se ha elaborado un proyecto de Dictamen que integra las propuestas de MC y PAN y que contiene los siguientes elementos:

• Sienta las bases de los procedimientos de compra en todos los entes de gobierno estatales y municipales, sin afectar la autonomía municipal, así como los poderes públicos (el ejecutivo, legislativo y judicial).
• Se establece como regla general las licitaciones públicas en todos los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios y adjudicación de obra pública, para todas las dependencias estatales, los organismos públicos descentralizados, la administración paraestatal, los poderes legislativo y judicial y los municipios del Estado.
• Desaparece la invitación restringida como procedimiento de compra. La invitación restringida a un mínimo de tres proveedores ha facilitado en muchos casos la colusión entre funcionarios y proveedores, quienes se ponen de acuerdo para simular la presentación de cotizaciones, dejando afuera a empresas que ofrecen los mismos servicios o bienes a un mejor precio y calidad, y que por no conocer a los funcionarios u ofrecer sobornos, no tienen oportunidad de participar en dichas invitaciones.
• Se restringen aún más los procesos de adjudicación directa, a temas urgentes relativos a salud, protección civil y seguridad pública.
• Se señala la integración de un Padrón Estatal Único de Proveedores, en el cual podrán y deberán darse de alta todos las empresas y prestadores de servicios que deseen venderle al gobierno estatal y los municipios. Se eliminan las barreras para poder competir y vender al gobierno en las mejores condiciones. El único requisito es que las empresas estén debidamente constituidas ante la autoridad fiscal con una antigüedad mínima de un año, para evitar empresas fantasmas o constituidas por socios de los funcionarios en turno.
• Se establece un Sistema Electrónico de Compras Públicas, a través de las cuales deberán hacerse todas las licitaciones y recibirse las ofertas y cotizaciones por parte de los proveedores debidamente acreditados. Con este procedimiento, y la eliminación de las invitaciones restringidas, se promueve la competitividad y la libre empresa, favoreciendo a todos aquellos medianos y pequeños empresarios que no tienen contactos políticos o familiares para venderle al gobierno. Precio y calidad en el servicio serán las únicas condiciones para poder ser proveedor de gobierno. Las compras serán verdaderamente públicas, y no se traficará con información privilegiada que favorece a unos cuantos proveedores con acceso a los espacios de toma de decisión.
• • Pagos en tiempo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Además quedará establecido en la ley la obligatoriedad de los entes de gobierno de cumplir en tiempo y forma con los pagos a los que se comprometen contractualmente para no agobiar a las pequeñas y medianas empresas con el retraso de pagos. No puede haber compras sin el presupuesto disponible.
• Se abre la posibilidad para los proveedores de hacer una segunda oferta en los concursos de licitación, que mejore la oferta inicial, para conseguir mejores precios y calidad en los servicios públicos y obra.
• Se establece un catálogo de precios máximos para todos los bienes y servicios, avalado por las cámaras y colegios empresariales. Ningún ente público podrá adquirir bienes o servicios que rebasen en diez por ciento el precio máximo publicado y transparentado, bajo ninguna de las modalidades de compra. Se acaban las compras a sobreprecio y las cotizaciones infladas.
• Se crea la figura de testigo social, que serán ciudadanos interesados en los temas a discutir y que podrán participar de las sesiones de los comités de adquisiciones de los entes de gobierno, y que tendrán la facultad de interponer quejas y denuncias ante la Contraloría del Estado por procedimientos indebidos en las compras públicas.

Este proyecto se someterá a la consulta de las cámaras empresariales en Jalisco, a las universidades y organizaciones de la sociedad civil, para enriquecerlo con sus consideraciones y propuestas, y en su momento ponerlo a la consideración de las Comisiones de Hacienda y Presupuestos, y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, para que eventualmente sea votada en el pleno del Congreso.