9 de octubre de 2019
En 2008 se publicó el decreto que reforma diversos artículos para transitar de un sistema inquisitorio penal a un sistema adversarial. Después de 11 años de trabajar en su implementación se advierte la necesidad de su profunda revisión.
Según La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, el 78.9% de los ciudadanos se sienten inseguros. Los ciudadanos no sienten protección de los cuerpos policiacos, Jueces ni Ministerios Públicos.
Hemos sido testigos en muchas ocasiones de casos en los que un delincuente que es detenido, al cabo de unas horas está libre en las calles sin ninguna consecuencia, lo que comúnmente se conoce como “la puerta giratoria”. Y es que delitos como robos, extorsión, fraude, suplantación de identidad, entre otros, actualmente no son merecedores de prisión oficiosa, por lo que es común que al no haber consecuencias graves haya una pronta liberación y reincidencia delictiva, lo que provoca que las víctimas de un delito consideren una pérdida de tiempo el presentar una denuncia o lo que es peor, que no lo hagan por temor a una represalia.
En el 2018, la cifra de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en averiguación previa o carpeta de investigación fue de 93.2% a nivel nacional.
Con la finalidad de castigar la reiteración de delitos dolosos, el Diputado Javier Romo, presentó la iniciativa “Tercer Strike” la cual propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para reajustar los alcances con que opera la prisión preventiva cuando un imputado se encuentra sujeto a más de dos causas penales de la siguiente forma:
o Prisión preventiva cuando el imputado cuente con tres o más carpetas de investigación por la comisión de delitos dolosos que ameriten pena corporal y siga los procesos en libertad. o Prisión preventiva cuando el imputado cuente con una sentencia condenatoria ejecutoriada por el mismo delito o dos sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos dolosos distintos. o Eliminar la opción que ofrece el Código para exentar de la prisión preventiva a aquel imputado que el Ministerio Público en conjunto con el Procurador de Justicia consideren pertinente.
Buscamos garantizar que quien ha optado por la actividad delictiva como forma de vida sea recluido y así evitar que cometa nuevos delitos. Así mismo se pretende que exista una mayor coordinación entre agencias del Ministerio Público. Que, mediante el registro nacional de detenciones, el MP pueda saber si un detenido tiene otras dos o más carpetas de investigación abiertas y de ser así se obligue al Juez a conceder prisión preventiva, indico el Legislador, quién también añadió que al ser esta una propuesta de alcance Federal, ya tuvo acercamiento con representantes de su mismo Partido tanto en el Senado como en la Congreso de la Unión quienes ven con buenos ojos la propuesta.
