09 de enero de 2018
Este año, todas las obras de alcance metropolitano deberán ser validadas por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), que se encargará de elaborar los proyectos, evaluar los fondos de financiamiento y emitir un dictamen de impacto urbano que posteriormente podrá o no ser aprobado por las autoridades competentes.
Lo que hará el dictamen es alinear cualquier propuesta de los Gobiernos estatal y municipales a una visión de metrópoli bajo un acompañamiento técnico, “no se puede estar utilizando el recurso metropolitano para (proyectos) municipales”, aclara el director del Instituto, Mario Silva Rodríguez.
Para que los Ayuntamientos puedan acceder a la bolsa del Fondo Metropolitano deberán solicitar al Imeplan el dictamen; sin embargo, explica que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y las alcaldías mantendrán el control presupuestal de contratación, adjudicación y supervisión de obra. Esto, tras las reformas aprobadas a finales del año pasado por el Congreso del Estado, derivado del proceso de armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Uno de los temas claves de la homologación, acentúa, es que la coordinación se volverá obligatoria y deberá cumplirse en las 59 zonas metropolitanas del país. Con estas modificaciones el Imeplan crecerá en atribuciones y obligaciones. Una de las que demandará mayor trabajo en temas financieros será la consolidación del Banco de Proyectos Metropolitanos para garantizar que la infraestructura pública se pueda hacer con parámetros más controlados y de mayor fiscalización técnica y social.
Silva comenta que ya se comenzaron a elaborar proyectos ejecutivos, como en corredores de transporte masivo, en temas de residuos sólidos, espacios públicos e infraestructura ciclista, entre otros.
Para consolidar ese banco se requiere la creación de gerencias técnicas en temas de sustentabilidad y medio ambiente, movilidad, riesgo y resiliencia, así como de planeación territorial y control de suelo. Se proyecta que esté listo en agosto para que las nuevas administraciones puedan tomarlo en cuenta en el arranque de Gobierno.
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