Casi todos los servidores públicos tienen a su disposición a escoltas o guardaespaldas para su protección, sin embargo, las condiciones para asignar a estos elementos parecen ambiguas.
Para el diputado local emecista Augusto Valencia, los presuntos delitos donde se han visto involucrados los guardaespaldas, así como la cantidad desmedida de elementos asignados a algunos funcionarios, ameritó un análisis por parte de expertos.
Valencia enumeró las irregularidades donde se han visto involucrados, por ejemplo, al burlar pruebas de alcoholímetro, al excesivo uso de la fuerza, y violaciones a derechos humanos.
"Después ya no se aclaran", dijo respecto a estas situaciones.
Ayer, representantes de empresas de seguridad privada, ex funcionarios, y otros expertos, acudieron al Congreso local para ponderar qué aspectos se deben tomar en cuenta al momento de asignar escoltas.
Para el ex director de la Policía Investigadora del Estado, Ignacio Salazar Mariscal, es necesario primero medir el riesgo al cual están sujetos los funcionarios para conocer la cantidad de escoltas, aunque no vio obligatoria su asignación.
Asimismo, identificó un impacto a los policías preventivos, pues muchos de los elementos asignados provienen de ese sector.
"Dejan de hacer su trabajo, y los policías investigadores dejan carpetas de investigación a su suerte", consideró Salazar Mariscal.
De acuerdo con Valencia, uno de los funcionarios más custodiados sería el Gobernador Aristóteles Sandoval, quien de manera extraoficial tendría 200 personas a cargo de su seguridad.
Con esta mesa de análisis se inició una primera etapa en el camino para regular el uso de escoltas, y según Valencia, sería antes de terminar el año cuando se pudiera tener listo el instrumento normativo.
