En apariencia, el colectivo Minerva AC promueve la educación vial, pero en la práctica se dedican a la promoción político electoral, expresó el diputado por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Y precisamente, la AC dirigida por funcionarios del Ayuntamiento de Zapopan, recibió 300 mil pesos del programa de Aportación a Organismos de la Sociedad Civil de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), agregó.
"El colectivo Minerva es una organización artificial creada al amparo del Gobierno del Estado, financiada por la Secretaría de Desarrollo Social con fines estrictamente electorales, es una simulación. El uso de 300 mil pesos, se utiliza para la repartición y pega de calcomanías para la supuesta promoción de valores en la cultura vial", dijo el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.
"Aunque lo que vemos, para ellos la promoción de cultura vial es repartirle dinero a sus parientes", agregó.
La AC está dirigida por Octavio Chavira Ruano y Adriana Ortiz Cota.
"(Él) se desempeña desde agosto de 2010 como presidente del colectivo Minerva AC, periodo en el cual ha ocupado los siguientes cargos: asesor del regidor del PRI, Isidoro Gallardo, en el Ayuntamiento de Zapopan, de octubre del 2012 a julio del 2013, y director del colegio de Bachilleres número 11, desde mayo a la actualidad", informó el legislador.
"Adriana Ortiz Cota, quién ha recibido aportaciones de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, justamente como representante legal del colectivo Minerva, y también funcionaria pública, ocupa el cargo de asesora de regidores en el Ayuntamiento de Zapopan, desde julio de 2013 hasta la actualidad".
En rueda de prensa, Clemente Castañeda y el regidor de Movimiento Ciudadano en Zapopan, Augusto Valencia López, interpondrán una denuncia en la Fiscalía por el desvío de recursos públicos para fines político electorales.
Además pedirán al titular de SEDIS, Salvador Rizo, que presente un informe detallado del programa Aportación a Organismos de la Sociedad Civil, pues en las reglas de operación se prohíbe la participación de funcionarios públicos.
"Es un asunto sumamente grave, hay evidencia suficiente, no sólo para demostrar cómo se orienta parte del presupuesto público, sino que hay delitos. Vamos a presentar al regidor Augusto Valencia, denuncias correspondientes en contra de los implicados en el desvío de recursos, es un asunto grave y lamentable", dijo Castañeda.
