Por al menos 36 resoluciones presuntamente irregulares, el Congreso aprobó iniciarle al Magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba, dos juicios políticos.
Con 35 votos a favor, de los 39 posibles, el Legislativo avaló el inicio de los procesos legales en contra del Magistrado.
Las solicitudes las interpusieron los Ediles de Guadalajara y Zapopan, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, a las que se sumaron otros ciudadanos, y fueron por autorizar edificaciones que violan los planes parciales de los Municipios.
Con la votación inició el proceso y en los siguientes 5 días hábiles se deberá notificar al Magistrado Barba sobre el caso. Tendrá 7 siete días más para responder al Congreso.
"Deberá acudir como mejor le parezca: en presencia, por escrito, o pidiendo (representación legal) de alguna persona", explicó la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, Pilar Pérez Chavira.
Los dos juicios políticos llevarán su curso de manera paralela, y con la anuencia del Legislativo no habría marcha atrás, expuso el Presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro.
"La incoación es eso: se cierra el periodo de instrucción a efecto ya nada más de determinar la sanción que va a recaer (en el Magistrado), ya no hay posibilidad de que se deseche", indicó.
También se turnó a la Comisión de Responsabilidades la solicitud del Ejecutivo estatal para quitarle el fuero.
Alaban resolución
El Alcalde de Guadalajara dijo que esa determinación del Congreso sienta un precedente para que cualquier magistrado o funcionario público sepa que sus acciones tienen consecuencias.
"Hoy han tomado una decisión histórica, se ha dado un paso muy importante al enfrentar a uno de los males más terribles que tiene nuestra sociedad que es la impunidad", afirmó Alfaro, tras señalar que es la primera vez que un Magistrado en funciones es sujeto a juicio político.
En la mira
Con la aprobación del Congreso se da inicio el proceso legal contra el Magistrado Barba:
- El Congreso tiene 5 días hábiles para notificar al denunciado, Alberto Barba.
- Tras la notificación cuenta con 7 días para contestar de manera presencial, por escrito o con un representante legal.
- De comprobarse las irregularidades, se haría acreedor a sanciones entre las que están el apercibimiento, amonestación por escrito, sanción pecuniaria o económica, suspensión del cargo sin goce de sueldo de 3 a 30 días laborales, destitución, inhabilitación de entre 3 meses y 6 años para desempeñar cargos públicos, o destitución con inhabilitación hasta por seis años.
