Autor:
El Informador / GSO
15 de junio del 2017
En septiembre de 2016, el Congreso de Jalisco presumió la aprobación de la reforma que obligaba a los servidores públicos de primer nivel a que publicaran sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Sin embargo, sólo 18 de los 39 legisladores han decidido rendir cuentas en la plataforma 3de3 de la organización Transparencia Mexicana. Los 13 diputados naranjas, sólo dos de los 13 priistas, una legisladora perredista y los diputados independientes Pedro Kumamoto y Hugo Rodríguez (quien antes era de Movimiento Ciudadano), son la excepción en la LXI Legislatura.
La única bancada entera que presentó sus declaraciones en esta plataforma es la del Partido Movimiento Ciudadano (pueden consultarse en http://tresdetres.mx/#/congresos). Por el contrario, los cinco diputados panistas, los tres del Verde Ecologista y el solitario de Nueva Alianza coinciden en ser los más opacos.
Así como nosotros trabajamos y damos ejemplo de transparencia, invitamos a los otros partidos a que sean congruentes y cumplan con su #3de3. pic.twitter.com/zMN8vZDmqG
— Dip Ciudadano Jal (@DipCiudadanos) 17 de junio de 2017
De los priistas, los únicos dos que decidieron subir sus declaraciones son Oswaldo Bañales y María del Refugio Ruiz Moreno, por lo que ni siquiera el coordinador Hugo Contreras es transparente. La perredista Mónica Almeida López también puso la muestra a su compañero Saúl Galindo Plazola. En total, 21 legisladores ignoraron subir sus declaraciones.
En el caso de los que publican sus documentos, la mayoría no los ha actualizado, aunque hay excepciones que ya incluyen los del año pasado, como Augusto Valencia, quien reporta una remuneración neta anual por 1.2 millones de pesos por su cargo público.
El tema tomó relevancia el pasado lunes porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de la reforma en Jalisco y a favor de las modificaciones que se realizaron en el Congreso de la Unión, en el sentido de que no será pública la información que pueda “afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución” de los servidores públicos, como sus patrimonios. Es un revés a la reforma jalisciense, que beneficia a los diputados y funcionarios opacos.
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