Guadalajara, México (08 abril 2016).- Por considerar bastante grave el manejo del dinero público, diputado local y representantes de la industria demandaron que el Congreso local, la Contraloría estatal y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditen al Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital (CCD).
"(En) este fideicomiso público prácticamente no existen auditorías internas y no hemos podido tener acceso a las bases de la licitación a través de Compranet, es algo bastante serio (...) todo lo que se ejerce en estos fideicomisos debe ser auditable y tener una total transparencia", señaló Juan Carlos Anguiano, diputado local de Movimiento Ciudadano.
"Hemos visto publicaciones sobre que el Inadem solicitó la devolución de 30 millones de pesos por la falta de cumplimiento a las reglas de operación. Es bastante grave el hecho de que se diga que se regresa, que no pase nada y que se va a volver a concursar para traer recursos".
Dijo que urgirá a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso para que retome la propuesta presentada el 7 de diciembre, para crear una subcomisión legislativa que indague los manejos financieros de CCD.
MURAL publicó que el Inadem requirió al Gobierno de Jalisco la devolución de 30 millones de pesos -que habían sido asignados para desarrollar la industria creativa-, al no existir evidencia comprobatoria del uso y destino del recursos, más 600 mil pesos de intereses.
El martes 5, Mauricio Navarro, presidente del fideicomiso, y Juan Jaime Petersen, administrador del Fondo de Capital de Riesgo CCD Ventures, afirmaron que no se colocó el recurso por la complejidad de requisitos, lo cual refutó el diputado.
"Debe existir un portafolios de inversión con proyectos para que estos recursos se puedan otorgar al Estado, de otra manera estos recursos no bajan", afirmó.
Por separado, Gabriel Torres, presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, y expertos del sector consultados por MURAL, pidieron la intervención de instancias fiscalizadoras como la ASF y la Contraloría estatal, ante posibles malos manejos.
"Estamos hablando de recursos públicos que deben tener algún criterio de ejecución y de fiscalización y sobre todo debe haber una vigilancia", dijo Torres.
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