19 de Julio de 2017
Este 18 de julio concluyó el plazo para que los estados crearan las leyes de sus Sistemas Locales Anticorrupción; 31 entidades de la República cumplieron con el primer paso de modificar su Constitución, mientras que 29 dieron el segundo en la creación de las leyes secundarias.
En la tercera publicación del Semáforo Anticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana, se precisó que Chihuahua es la única entidad que no reformó su Constitución, en tanto que en los otros 31 estados, 22 tuvieron reformas calificadas como satisfactorias, ocho regulares — entre las que se encuentran la Ciudad de México y el Edomex— y una deficiente, aprobada por Baja California.
En esta última entidad, comunicaron las ONG, “preocupa” que del Comité de Participación Ciudadana, integrado por 15 miembros, 11 de ellos formen a su vez parte del Comité Coordinador del sistema local.
Por otra parte, de las 29 entidades que aprobaron sus leyes secundarias, 21 fueron calificadas con reformas satisfactorias, en tanto que ocho fueron regulares, Tlaxcala mantiene una iniciativa de ley en el Legislativo, y Chihuahua y Veracruz no tienen ley alguna discutiendo en sus respectivos Congresos.
En las observaciones generales, las ONG pusieron énfasis en el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en donde las estipulaciones para la elección del secretario técnico de dicho sistema fueron relajadas, ya que se eliminó la cláusula en la que el secretario no debe forma parte de un partido político, ni “haber desempeñado cargo de elección popular en cuatro años” atrás.
Transparencia por Colombia
Gerardo Andrés Hernández Montes, director de Transparencia por Colombia, precisa que las reformas institucionales son el primer paso para combatir la corrupción; sin embargo, es la fortaleza de las instituciones las que dan resultados.
En entrevista telefónica desde el país sudamericano, Hernández Montes indica que las capacidades de las instituciones, sumado a la voluntad política, son definitorias para el combate a la corrupción. Es necesario, opina, dotar a las instituciones de las herramientas suficientes para llevar a cabo el trabajo “del día a día”, más allá de un nombramiento.
“hoy en día ya sabemos que el principal problema radica en la forma como se accede al poder y en gran medida, si esos mecanismos de acceso al poder ya vienen penetrados, influenciados por intereses particulares, por intereses criminales, es muy probable que una vez en el ejercicio de ese poder pues se haga a favor de esos intereses, es decir que se devuelvan favores”, precisa.
El especialista agrega que en Colombia se ha identificado que el secuestro de las instituciones por la concusión se da a través de la asignación de contratos públicos y financiamiento de campañas electorales, en donde el sector privado ha pasado de ser víctima de la problemática “a actores que son parte de la misma y en ese sentido es muy importante involucrarlos en el proceso” de combate a la problemática.
Hernández comenta, a su vez, que un tema que se ha instaurado en la opinión pública colombiana es la designación discrecional de cargos directivos en materia de procuración de justicia, esto después de la captura y procesamiento del fiscal anticorrupción colombiano a quien se le acusa de obstruir una investigación en contra de un gobernador y quien fue puesto en el cargo por el fiscal nacional hace ocho meses.
En especial se discute, indica Hernández, qué tan benéfico es que un alto mando tenga cerca a gente de su confianza.
“En muchos casos han llegado personas idóneas, pero precisamente lo que queremos es que la discrecionalidad no se quede como único criterio, sino que ojalá además de poder ver la trayectoria de las personas que ejercen esos cargos, que la ciudadanía de manera amplia pueda conocer la trayectoria y los posibles conflictos de intereses o posibles influencias que puedan tener estas personas”, asevera.
El director de Transparencia por Colombia (Capítulo Nacional de Transparencia Internacional) concluye que las reformas hechas en el país sudamericano desde hace dos décadas han fallado en la instauración de mecanismos para la investigación y posterior sanción de los hechos de corrupción, por lo que es un pendiente latente.
Lo que sigue en México
Una vez puesto en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) será el Comité de Participación Ciudadana (CPC) el órgano encargado de proponer temas y políticas.
En el corto plazo este órgano plantea presentar la propuesta de creación de estudios sectoriales de corrupción en el país, una política de nombramientos y un esquema de declaraciones patrimoniales para los funcionarios públicos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó una actualización de su reglamento interno en el contexto de la entrada en vigor de las leyes complementarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En dicho reglamento se crea al interior de la dependencia las unidades de vinculación con el SNA, una Dirección General y una Dirección General de Vinculación con el Sistema Nacional de Fiscalización.
Especifica, por ejemplo, que la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública tendrá la atribución de “contribuir al funcionamiento del sistema de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Asimismo, se estipulan protocolos de colaboración con instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Sistema Nacional de Fiscalización, así como con otras instancias del Comité Coordinador del SNA.
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