01 de diciembre del 2015
El pasado 19 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional mediante la cual se crea la Unidad de Medida y Actualización y se desvincula el salario mínimo como factor de cuantificación de precios y conceptos.
La relevancia pública y social de esta reforma es incuestionable: la desindexación del salario es la condición necesaria para discutir, de forma seria y responsable, la pertinencia de una política de recuperación del salario mínimo en México, sin generar inflación y tomando en cuenta únicamente los factores de suficiencia y bienestar de los trabajadores.
La Constitución Federal, en su artículo 123, establece que el salario mínimo es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado y que éste deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos.
Sin embargo, las cifras y tendencias reales demuestran que el salario mínimo en México no sólo está muy lejos del nivel que manda la Constitución, sino que además está muy por debajo de la línea de pobreza alimentaria.
De acuerdo con datos del Coneval, el costo de la canasta básica alimentaria (línea de bienestar mínima) en el mes de octubre fue de 43.17 pesos diarios, en tanto que el costo de la canasta básica ampliada (línea de bienestar) es de 87.98 pesos diarios.
Hoy en día un hogar típico de México se integra por cuatro personas, dos de las cuales tienen ingresos. Bajo este esquema, el salario mínimo de un trabajador debiera ser suficiente para adquirir dos canastas básicas (para sí y para un integrante más de la familia), esto es, debería fijarse en 86.33 pesos diarios.
Sin embargo, a partir del 30 de septiembre la Comisión Nacional del Salario Mínimo estableció un solo salario mínimo general para todo el país en ¡70.10 pesos diarios!
Evidentemente esta cifra no es suficiente ni siquiera para resolver el problema alimentario de miles de personas y condena a millones de mexicanos, de manera estructural, a vivir en la pobreza.
Casi 7 millones de mexicanos perciben un salario mínimo actualmente. Esto representa el 13 por ciento por ciento de la población ocupada. De los trabajadores que perciben el salario mínimo, 332 mil 601 son jaliscienses.
En los últimos 35 años el salario mínimo en México ha perdido el 75 por ciento de su poder adquisitivo (el más bajo de toda América Latina).
Los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias del trabajador y su familia, por lo que el mercado laboral se constituye como uno de los principales factores de reproducción de la pobreza y la desigualdad.
Los estudios económicos más recientes demuestran la factibilidad de subir los salarios mínimos, de manera prudente y controlada, sin que se genere inflación, desempleo ni baja productividad.
Más aún, experiencias en países como Inglaterra, Japón o Uruguay avalan efectos de composición positivos con el aumento del salario mínimo: mayor productividad, mayor demanda en el mercado, mayor consumo interno, entre otros.
Resulta urgente la necesidad de plantear una política real de recuperación del salario mínimo en nuestro País y en nuestro Estado. Es momento de enfrentar con toda responsabilidad el grave y lacerante problema de la pobreza y la desigualdad.
Es momento de impulsar, debatir y luchar por un incremento significativo en el salario de los trabajadores más vulnerables.
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