Sin lugar a dudas la corrupción y la impunidad son dos de los males más graves que aquejan a nuestro país. El combate eficaz a los mismos ha sido uno de los reclamos más añejos, insistentes e infructuosos de la sociedad. En el caso de Jalisco la actual administración estatal le ha dado a este tema un uso faccioso y mediático, por encima de la aplicación de una verdadera justicia.
A guisa de ejemplos, un día antes de que la actual administración arribara a los 100 días de gobierno, para la cual había preparado un fastuoso acto político, fue detenido quien fuera director del SIAPA, el connotado panista Rodolfo Ocampo. Hace días, durante la jornada previa al informe del gobernador y en un marcado ambiente político electoral, fue aprehendido Octavio Pérez Pozos.
En pleno informe de su gobierno con un lenguaje hiperbólico, el Ejecutivo subrayó que su otrora amigo y correligionario estaba preso junto con otra persona por estar implicado en el caso fraudulento conocido como López Castro, que tanta irritación ha causado a la sociedad y en el que están involucrados ex diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM.
Sin embargo, el jubiloso anuncio del gobernador fue estropeado por la orden de un Juez de liberar a Pérez Pozos por fallas técnicas en el proceso legal, gazapo que terminó opacando el informe del ejecutivo. Por ello, un día después en medio de un show mediático, se volvió a detener al implicado pero por un presunto delito totalmente diferente al que originalmente había anunciado el Gobernador.
La diligencia con que se actuó en este caso contrasta con la demora y la ausencia de penalización en el escandaloso hecho de abuso de poder y peculado de la ex regidora priista del actual gobierno tapatío, y en la omisión de la Contraloría y de las autoridades ministeriales de Jalisco, en el caso de las empresas fantasmas y de los moches, que un medio local ha hecho público con fehacientes datos informativos.
Es lamentable que una de las instituciones más importantes para la vida comunitaria, la certidumbre jurídica, y garante de un régimen de derecho, la justicia sea aplicada con tintes facciosos, mediáticos y partidistas y siempre en contra del adversario político.
