Lejos del transporte que merecemos: Hugo Luna

El accidente de la semana pasada que costó la vida a una alumna de la Prepa 10 no es más que la punta del iceberg de un problema que lleva años sin solución. Las autoridades han alimentado impunemente durante años un sistema, el del “pulpo camionero”, que ha crecido hasta convertirse en un monstruo ineficiente y corrupto. En los últimos días, el gobernador y sus asesores han demostrado que no han sabido leer bien el problema. Dos días después del accidente, anunciaron la disminución de la tarifa que ellos mismos aumentaron meses antes, lo que desenmascara que autorizaron el incremento sin evidencia de mejoras en el servicio. Además han retirado concesiones, puesto en marcha operativos, suspendido la ruta 368, obligado a renunciar al director de Transporte Público y pegado calcomanías con la nueva tarifa en las unidades. Estas son medidas desesperadas que buscan tranquilizar a la opinión pública, limpian la conciencia y salvan la cabeza de más de un funcionario, pero no solucionan el problema de fondo. Los ciudadanos estamos hartos de la impunidad con la que opera el pulpo camionero, de sus autobuses viejos, inseguros y violentos. También estamos hartos de las autoridades que les han permitido perpetuar su enorme poder. La vida de la gente no puede estar a expensas de concesionarios y autoridades que permiten que el sistema permanezca. Tan incapaz y negligente fue el chofer que provocó el accidente, como el dueño de la concesión y la autoridad que permitió que esta unidad circule por la calle. Compararnos con el transporte de los países nórdicos resulta inapropiado, pero sí lo podemos hacer con Colombia, un país en desarrollo como el nuestro, donde se ha cambiado de modelo. Los tapatíos soñamos con un sistema de transporte articulado con unidades modernas, paradas de autobuses seguras con información precisa sobre las frecuencias de paso, un sistema de prepago, choferes con salario fijo que cumplan horarios de ocho horas con condiciones aceptables de trabajo. El transporte público no puede seguir poniendo en riesgo la vida de la gente. El modelo necesita cambios profundos y no sólo buenas intenciones.