Tras lograr el respaldo de 68 de los 125 Municipios que integran al Estado, el Congreso local avaló una minuta de decreto que reforma el Artículo 15 de la Constitución de Jalisco, así como leyes secundarias como el Código Penal, estableciendo que toda persona tiene derecho a acceder y disfrutar de las playas, así como bienes inmuebles de uso común.
La reforma, impulsada por el diputado emecista Ramón Guerrero, obliga a particulares a respetar el derecho de ciudadanos de disfrutar los balnearios.
"Tiene como objeto liberar las playas de Jalisco, es un hecho histórico, es la primera entidad en el País que se atreve a dar ese paso, que se atreve a entregarle a los jaliscienses, a los mexicanos, las playas, para que absolutamente nadie pueda obstaculizar el acceso a las playas", dijo Guerrero luego de que el Pleno del Legislativo avalara la minuta de decreto.
"En las playas de Jalisco ya no hay fronteras, ya no hay obstáculos, hoy se respira en Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corriente y Puerto Vallarta, vientos de esperanza, de ilusión", agregó el congresista al referir que en esas localidades existe obstrucción de balnearios.
Guerrero mencionó que Jalisco tiene 342 kilómetros de litoral distribuidos en los Municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán; 280 kilómetros han sido concesionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que representa el 82 por ciento.
"El 80 por ciento de los más de 300 kilómetros de litoral en Jalisco tiene una concesión, lo que era un paso para privatizar las playas de Jalisco; lo que hemos hecho es que los desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, van a conservar su propiedad privada, pero quitamos la laguna legal para que ellos por ningún motivo puedan construir o edificar bloqueando la playa", comentó el diputado.
"Ellos (los desarrolladores inmobiliarios) pueden disfrutar de su infraestructura en su propiedad, pero no van a poder obstaculizar el acceso a las playas de Jalisco, nadie puede poner muros, mallas, retenes; es obligación de la autoridad municipal y estatal garantizar los accesos a playa".
En la reforma a los Artículos 125 y 126 Código Penal del Estado avalada por el Legislativo se establece que quien obstaculice, obstruya o deteriore señalamientos que indiquen acceso a inmuebles de uso común -como playas-, será sancionado hasta con seis años de prisión y multa de hasta mil Unidades de Medida y Actualización.
Las modificaciones a la legislación local entrarán en vigor un día después de que el Ejecutivo las publique en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, lo que podría ocurrir en unos ocho días hábiles.
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