26 de Junio de 2017
El detectar compra sobre a precio del equipo de fotoinfracción en 2011, la no entrega de tecnología adquirida y el pago de hasta 15 millones de pesos mensuales a la empresa Autotraffic fueron causas para que el diputado local Augusto Valencia del partido Movimiento Ciudadano (PMC), hiciera una petición a la contraloría del Estado de Jalisco.
El legislador acudió este lunes a la Oficialía de Partes de la Contraloría para solicitar se haga una revisión al contrato 02/2011 por el cual fueron adquiridas cámaras radares y el contrato 330/2016 firmado en septiembre del año anterior con la empresa Autotraffic.
Respecto al primer contrato que "el gobierno del estado compró unas cámaras al día de hoy tienen un costo de un millón 250 mil. Estamos pidiendo que se revise esta compra a sobre precio por la administración anterior.
En dicho contrato se determinó que la empresa contratada debería de entregar radares y software al gobierno del estado y esto no ha ocurrido. Por parte, el diputado aseguró que el ejecutivo en la actual administración hizo un nuevo contrato con el cual se observa un negocio por los incrementos de pago en la empresa.
"Del 2011 a la fecha, ahora la empresa cobra una multa de 780 pesos, más de 280 pesos por infracción enviada lo que quiere decir que esta empresa está cobrando cerca de 15 millones de pesos mensuales. Comenzó en la administración anterior con un pago mensual de un millón 800 mil y en esta administración tiene un pago de 15 millones de pesos mensuales", añadió el legislador.
Augusto Valencia solicitó que la Contraloría realice una investigación a las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), así como a la secretaría de Movilidad respecto a los contratos de 2011 y 2016. Sin embargo, el legislador dejó en claro que el ex secretario de Vialidad Diego Monraz, ahora coordinador general de Servicios Municipales de la administración de Enrique Alfaro, no aparece en la documentación firmada. Sin embargo, este personaje fue quien introdujo el programa de fotoinfracción en dicho año.
Aseguró que existe una red de corrupción en Jalisco por el funcionamiento del programa de fotoinfracción en el que se pudiera incluir funcionarios del gobierno del estado, la propia empresa y otras interesadas.
Respecto a la solicitud, la contralora Teresa Brito aseguró que incluirá la petición de Valencia dentro de la auditoría que se realiza a la Subsecretaría de Administración de gobierno estatal. " Cuando nosotros entramos a auditar, nosotros revisamos procesos, vemos que estos se hayan llevado conforme a la ley, es decir que una comisión de adquisiciones, por ejemplo, se haya determinado de manera colegiada el ganador sobre el proceso. Luego que en un contrato se estén cumpliendo todas las cláusulas", agregó la titular de la contraloría.
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