En la raíz de los episodios de violencia entre los choferes de Uber y los taxistas, que cada vez va a más, están los mensajes confusos que está mandando el Gobierno del Estado.
Un día, la Secretaría de Movilidad anuncia operativos en contra de la empresa de transporte. Al siguiente rectifica, y extiende esos mismos operativos en contra de los taxistas (más de seis mil no tienen los permisos actualizados), para responder a la percepción de que se favorecía sólo a un grupo.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha sido capaz de calmar los ánimos. Al contrario, la mala gestión del conflicto ha derivado en eventos que pueden derivar en una auténtica tragedia, en donde gente inocente, ciudadanos que han sido confundidos por choferes y choferes mismos, han sido agredidos.
El Gobierno del Estado ha tardado en leer un problema que no le ha caído de sorpresa y que debió haber previsto con tiempo porque los tipos de transporte privado en la ciudad no son nuevos.
Ahora, ante la urgencia de encontrar solución a un problema que ya ha impactado en la opinión pública, se está trabajando apenas en un modelo donde se puedan integrar los distintos medios de transporte privados que trabajan en la ciudad.
El objetivo, es que todos puedan participar y ganen todos, sobre todo el usuario.
En todo este revuelo, no quito la culpa a ciertos grupos de taxistas que, animados por distintos grupos de presión, amedrentan a gente inocente que lo único que busca es tener un sustento, y un trabajo digno.
Es cierto, que en los últimos años el servicio del taxi ha bajado en calidad, pero tampoco podemos generalizar. Existen choferes y sitios que hacen bien su trabajo. Que usan el taxímetro, que tienen sus permisos en regla, que son amables y tratan bien a los usuarios. Uno de ellos, por ejemplo, es el Sitio 40, que puso en marcha una aplicación donde se ofrecen sus viajes, permite pagar con efectivo y tarjeta y tiene unidades de modelo reciente.
En definitiva, la competencia es recomendable porque mejora el servicio y los ciudadanos salen ganando. La violencia debe ser el último recurso para resolver el conflicto. Ahí el Gobierno del Estado tiene un reto mayúsculo para que todos salgan ganando encontrando soluciones que pacifiquen este ambiente enrarecido y se compita en condiciones de justicia que favorezcan a todas las partes.
