En días pasados los diputados de la 61 Legislatura estatal aprobamos la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios con el fin de limitar que se realicen compras desde el Gobierno a "empresas fantasmas" o que se relacionen con algún partido político. Con la aprobación de esta reforma los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y de otras fracciones buscamos inhibir la corrupción y beneficiar a la ciudadanía.
Esta reforma comenzó en la Legislatura pasada con la iniciativa que presentó el diputado Clemente Castañeda, de MC; sin embargo el tema no fue considerado vital en esa agenda legislativa. Aun así resultó nodal para sentar las bases que permitieron que en esta Legislatura, gracias al apoyo de la mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado, se reiniciara su proceso a partir de una perspectiva ciudadana que permitiera enriquecer la reforma de la mano de todos los jaliscienses.
Hay tres condiciones que demuestran cómo con esta ley estamos beneficiando a Jalisco.
La primera, con la Ley de Compras Gubernamentales estamos atendiendo uno de los reclamos más demandados por la ciudadanía: detener la rampante corrupción que existe en el Gobierno, dando un paso importante en la construcción de un Sistema Estatal Anticorrupción que va más allá de lo sancionado en el Sistema Nacional, y que demuestra el compromiso que tenemos los diputados ciudadanos en el combate a la corrupción.
La segunda, el carácter participativo que enmarcó el proceso legislativo previo a la aprobación de esta ley en el Congreso; la ley aprobada se abrió a consulta pública por medios electrónicos y fue comentada por más de 53 ciudadanos. Adicionalmente, solicitamos de manera formal a las cámaras empresariales del Estado que nos enviarán sus comentarios. En consecuencia, recibimos documentos de Coparmex, Canaco, Itei, la Contraloría del Estado, el Colectivo Tómala y Transparencia Mexicana, que enriquecieron el proyecto de ley.
Asimismo, se instaló una mesa de trabajo con funcionarios de la Sepaf y la Subsecretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco a efecto de que la ley considerara la perspectiva institucional y por supuesto las propuestas de mejora que tuvieron a bien hacernos los diferentes grupos parlamentarios.
La tercera, la mayoría de las consideraciones que recibimos en el proceso de consulta, hoy forman parte del decreto que hemos aprobado, por lo que podemos decir que este esfuerzo ha sido un ejercicio real de Parlamento Abierto.
La ley que aprobamos establece como regla general la licitación pública por medios electrónicos, a través de un Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. Desaparece las invitaciones restringidas y a un mínimo de tres proveedores y restringe las adjudicaciones directas. Gracias a esta ley en todos los Municipios y en los tres Poderes deberán instalarse Comités de Adquisiciones con la participación de las cámaras empresariales y donde la mayoría de votos las tendrá el sector social.
También regula la figura del testigo social como figura complementaria a los Comités de Adquisiciones, se establece la obligación de que al menos el 10% de las compras públicas se asignen a empresas en consolidación -aquellas no menores a un año de antigüedad de creación, ni mayores a cinco años y deben ser presididas por una persona física no mayor de 35 años de edad-. En esta ley se le da preferencia a las empresas locales y regionales y existirá un Registro Único de Proveedores y Contratistas. Finalmente, se establecen candados para erradicar las empresas fantasmas y con esto combatir frontalmente la corrupción.
En conclusión, con esta ley el proceso de compras gubernamentales será más transparente y tiene más candados para evitar que los políticos se enriquezcan de manera ilícita. Ahora será más fácil y parejo venderle al gobierno. Esta Ley forma parte de los primeros pasos de un Sistema Estatal Anticorrupción que estoy seguro se construirá en el Congreso y que atacará de raíz la corrupción.
Coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado.
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