Un Magistrado adscrito al Supremo Tribunal de Justicia del Estado es el principal responsable en la impartición y administración de la justicia en Jalisco.
La decisiones de los magistrados deben estar apegadas a la ley de manera objetiva e imparcial, atendiendo siempre a las demandas de la sociedad y preservando el estado de derecho para contribuir a la paz y el crecimiento social.
Cuando un magistrado no toma buenas decisiones, obstaculiza el progreso continuo en áreas jurídicas y administrativas que afectan de manera directa al desarrollo de la sociedad y por consecuencia al estado.
Sin el consentimiento del Ayuntamiento tapatío, del 2007 al 2013 el TAE autorizó la demolición 26 casas, de las cuales nueve se encontraban dentro del área protegida por reglamentos municipales de Guadalajara, ya que contaban con valor arquitectónico y patrimonial en la zona.
En marzo de 2011, los vecinos del fraccionamiento Rancho Contento, interpusieron un juicio para frenar la edificación del complejo habitacional de las Villas Panamericanas, debido al daño ambiental en materia hidrológica, sin embargo, el magistrado del TAE, Armando García Estrada, concedió un amparo para asegurar que la constructora Corey Integra S.A de C.V. continuara con la obra.
En agosto de 2012, el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) autorizó 34 espectaculares sobre la Calzada Lázaro Cárdenas. Esto provocó el derribo de 139 árboles para que los anuncios fueran visibles. Además de los daños ambientales que esto provocó, el paisaje urbano de la zona se vio afectado por las carteleras publicitarias.
En agosto de 2012 el TAE instruyó a la Secretaría de Movilidad para permitir la circulación de 105 camiones de las rutas uno y tres de Tonalá pertenecientes a la Federación Obrera Revolucionaria de Agrupaciones Sindicales del Estado de Jalisco (FORAS), que operaban con permisos falsos.
El 13 de noviembre de 2012 la Quinta Sala Unitaria del TAE autorizó a la empresa Desarrolladora Lafayette S. de R.L., de C.V. la construcción de una torre de 14 pisos, lo que significó la demolición de la “Casa Madona”, estructura con valor patrimonial situada en las calles Miguel de Cervantes y Lerdo de Tejada.
En febrero de 2013 el TAE resolvió para que el Ayuntamiento de Zapopan dejara funcionar un casino en Av. Santa Margarita a pesar de no contar con licencia ni el aval de la Secretaría de Gobernación.
En mayo de 2013, el TAE instruyó al Ayuntamiento de Zapopan para que cambiara el uso de suelo dentro una zona considerada como área verde con una extensión de 62 mil 63 metros cuadrados dentro del fraccionamiento Bugambilias, para que posteriormente se pudiera construir un centro comercial.
A principios del mes de julio de 2013 el TAE falló a favor de los propietarios para la destrucción de la Privada Zuno, una obra de Pedro Castellanos con alto valor patrimonial, a pesar de que autoridades como la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento ya habían considerado ilegal su demolición.
En julio de 2013, el TAE aprobó en Guadalajara la instalación de nueve gasolineras prohibidas, obligando al Ayuntamiento a otorgar los permisos de construcción a pesar de incumplir con los reglamentos de seguridad del municipio. Una de las estaciones fue construida a 80 metros de un módulo de atención del IMSS y a 350 metros del Nuevo Hospital Civil, poniendo en riesgo la habitabilidad en la zona.
En noviembre de 2013, un padre de familia fue baleado por el director del colegio Albert Schweitzer a pesar de que el Ayuntamiento de Tlajomulco había clausurado el centro educativo. Un mes antes de los hechos, el TAE autorizó reanudar operaciones a Jesús Alberto González Ornelas, dueño y director de la institución y autor material del homicidio.
En enero de 2014 Armando García Estrada, Presidente del TAE, determinó que se debía aumentar la tarifa del transporte público, argumentando que la finalidad del incremento es tener un servicio de calidad, continuo, moderno y seguro, y que de haber otorgado la negativa a la alza del transporte se habría evitado la mejora en el servicio.
