Dentro de los temas de la pasada reforma electoral -en la que la mayoría priísta impidió mayores cauces a la participación ciudadana- uno de los más comentados es el de la reelección aprobada de diputados y alcaldes. A contra corriente de lo que ocurre casi en todo el mundo, que el ciudadano con su voto premia o castiga el desempeño de sus gobernantes, en México esa figura jurídica ha estado en el centro de la controversia.
En 1824, cuando surgimos como nación y en ese entonces, sí como Estado libre y soberano, la reelección se procesó en planos diferentes; en la República ese el tema surgió en 1871, cuando Díaz proclamó El Plan de la Noria, para “que ningún individuo se perpetúe en el poder”, en alusión a Juárez. Aquí el mismo, se discutió desde el Congreso fundacional. Esa Asamblea – muy poco analizada - brilló por la inteligencia y la visión de largo alcance de varios de sus miembros. De 20 diputados, surgirían tres presidentes del país, uno de la Corte, dos obispos y cuatro gobernadores.
Sobre la reelección debatieron, Prisciliano Sánchez y José María Gil. La de los diputados se votó a favor. La controversia giró en torno si procedería lo mismo con el Ejecutivo y los alcaldes. Pese a que Prisciliano iba enrutado ya a ser gobernador, se opuso a que esos funcionarios fueran reelegidos en sus cargos.
Su argumento fue impecable: “Los administradores del Poder Ejecutivo tienen muchos arbitrios (facultades legales) de atraerse los votos […] igual por otros medios ilegales, de modo que podrían ser reelegidos por todo el tiempo que la ley les concediera, no por el bien del estado, sino por sus miras particulares […]. Eso no sucede con los diputados, porque estos fuera del salón son unos ciudadanos como los demás, de suerte que aunque a un individuo le prometiera su protección algún diputado, de nada le serviría, porque para lograr su fin tenía que luchar con 29 diputados más (la I Legislatura se integraría con 30 miembros).
En otras palabras, quien maneja presupuesto, recursos, programas públicos y otorga prebendas, puede utilizarlos para sus fines políticos personales. Considero que sigue vigente la idea de Prisciliano Sánchez, las bondades de la reelección en el legislativo son incuestionables, y los riesgos de alcaldes con espíritu reeleccionista acentuará las prácticas clientelares electoreras.
