El "Informe Prospectivo 2014-2015", elaborado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dado a conocer públicamente esta semana, demuestra que el viejo partido sigue vivo, con las mismas mañas y abuso de poder que siempre ha practicado.
Este documento de 79 cuartillas (que también incluye un capítulo dedicado a Jalisco que hace alusión al padre del gobernador como una figura incómoda para el PRI local y la propuesta de incluir un candidato fuerte del PAN en Guadalajara para dividir al electorado) confirma algo que cualquier persona con sentido común ya podía intuir: que existe un uso faccioso del erario público, de los programas de desarrollo social y que el PRI hará lo que sea para no perder la elección en Jalisco, incluso si esto representa pasar por encima de la ley.
El documento habla de “necesidades sensibles” y de “territorializar” el presupuesto en “regiones prioritarias” con “mayor rentabilidad electoral”. Además, propone que se remueva a una parte de los servidores públicos de administraciones anteriores para abrir espacios a la “base priista”, con el objetivo de hacer trabajo electoral desde las oficinas de gobierno.
La gravedad principal reside en que, al estilo más autoritario y con todo el cinismo posible, el PRI prepara una elección de Estado pensando en los votantes como una clientela que se puede comprar a través de programas sociales o de obra pública. El PRI no entiende que los impuestos y los recursos destinados al desarrollo social son de interés público y no están confeccionados para lucrar electoralmente con las necesidades de la gente.
El gasto del erario con fines electorales se contrapone al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; constituye una infracción al Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (Artículo 452. Fracción V), así como a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Jalisco (Artículo 32).
A partir de ahora, al Instituto Nacional Electoral le corresponderá intervenir para frenar estas acciones y a los ciudadanos estar atentos a los actos de corrupción porque es inaceptable que un gobierno no comprenda que debe servir únicamente a los ciudadanos y no a los partidos políticos.
