En la Cámara de Diputados se discute la posibilidad de que los mexicanos absorbamos como deuda pública más de 1.8 billones de pesos (casi 2 millones de millones de pesos) para respaldar los pasivos laborales de PEMEX y de la CFE.
Quienes apoyaron esta propuesta (Secretaría de Hacienda y los diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL) argumentan que la única vía para que estas empresas sean competitivas es reduciendo su responsabilidad fiscal; hasta ahí, la explicación de los defensores de esta medida suena lógica.
Lo que nadie asume es que esta deuda se acumuló por los abusos de los líderes charros sindicales y por el desorden administrativo de PEMEX y CFE en las últimas décadas; en pocas palabras, los políticos de siempre del PRI y PAN, han roto los platos y ahora piden que paguemos con nuestros impuestos sus fechorías.
PEMEX, la empresa que tiene un costo de extracción de petróleo de 9 dólares y un precio de venta de alrededor de 100 (91 dólares de utilidad), ahora resulta que siempre operó con pérdidas y que nunca previó la creación de fondos de reserva para hacer frente a sus pasivos. Políticos corruptos sistemáticamente han saqueado a la empresa pública más importante del país. Adicionalmente, el sindicato petrolero y las autoridades establecieron un sistema clientelar que benefició a grupos de interés político.
La contradicción de la medida radica en que el gobierno aprobó una reforma energética que promoverá la privatización mediante la puesta en marcha de políticas neoliberales, pero al mismo tiempo recurre a un sistema protector de estado para pagar sus errores. El artículo 73 (Fracción VIII) de la Constitución establece la autorización de deuda “para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, pero no para pagar las transas de unas cuantas personas.
A la par de la deuda que nos imponen, ¿por qué no permiten que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas que combatan la corrupción y que lleven a la cárcel a los culpables del desfalco?
