![](https://archivo.movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/hl02-6.png)
El Gobierno de Jalisco se empeña, sin éxito, en hacernos creer que la situación de la laguna de Cajititlán se parece al desastre de Chernóbil. Esta semana, sin presentar estudios técnicos y usando argumentos contradictorios, el Gobierno del Estado culpó directamente a Tlajomulco por la muerte de los peces.
Además de que olvidan que el agua de laguna es propiedad de la nación y por lo tanto responsabilidad también de la Conagua y del Estado mismo, omiten los avances que ha tenido este embalse, donde se pasó de tratar cero por ciento de las aguas en 2009, al 70 por ciento en 2014. Aunque faltan cosas por hacer, a las autoridades se les cuecen las habas para echar culpas y se presentan ante la población como los guardianes del medioambiente.
Durante décadas, los gobiernos en turno abandonaron la laguna. Poca gente sabe que las administraciones priístas construyeron en Tlajomulco cuatro plantas que nunca trataron un solo litro de agua.
Históricamente, la popocha ha sufrido un índice de mortandad en estas fechas debido al calentamiento del agua y a las lluvias. Este mismo fenómeno natural se repite en embalses con condiciones similares en distintos países del mundo, desde Uruguay hasta Nueva Guinea.
La realidad es que, en cuatro años, la situación de la ribera de Cajititlán ha cambiado radicalmente. De ser un espacio abandonado, actualmente es una de las zonas más dinámicas turística y económicamente del Área Metropolitana. El Ayuntamiento de Tlajomulco ha gastado más de 250 millones de pesos no sólo en plantas y colectores, sino en la construcción de dos malecones (obras de Ricardo Agraz) que han recibido premios nacionales de arquitectura. Los comerciantes, las tienditas, los pescadores, los artesanos, todos han visto mejoras en su calidad de vida.
Las declaraciones alarmistas del Gobierno del Estado ponen en riesgo no sólo el sustento económico de miles de personas, sino la imagen de toda la ribera. Por eso es necesario hacer un llamado a la responsabilidad y apelar a la madurez política de las autoridades estatales.