Guadalajara, Jalisco
16 de abril de 2015
Movimiento Ciudadano presenta denuncia penal en contra de la red de corrupción encabezada por el Magistrado Leonel Sandoval
Movimiento Ciudadano presentó este mediodía una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de la red de corrupción para beneficiar al candidato Ricardo Villanueva, encabezada por el Magistrado Leonel Sandoval Figueroa.
Salvador Caro, coordinador de la campaña de Enrique Alfaro, afirmó que las evidencias que se presentan, entre ellas el audio de Leonel Sandoval difundido por Grupo Reforma el pasado lunes 13 de abril, así como las notas informativas que se desprenden de ella, son sólidas y que las autoridades electorales tienen una oportunidad única para sentar un precedente.
“Esperamos acciones contundentes de la Fepade y de las instancias electorales, para que quede un precedente claro de que nadie va a violar la ley en los procesos electorales para favorecer a ningún partido político”.
De acuerdo con la información presentada en la denuncia, el magistrado, y toda la red de corrupción, incurren en los delitos de Abuso de autoridad; Ejercicio indebido del servicio público; Desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones o facultades; Peculado y distintos delitos electorales.
“Son delitos muy graves, porque es la intervención del gobernador a través de su papá en una línea de conflicto de intereses. Sí hay motivos para investigar”, afirmó Augusto Valencia, quien junto con Salvador Caro y Gustavo Flores Llamas, representante de Movimiento Ciudadano ante el IEPC, fueron los encargados de presentar la denuncia en las instalaciones de la PGR Jalisco. En la tarde, se presentará la misma denuncia ante la Fiscal General del Estado de Jalisco.
Ayer miércoles 15 de abril, la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Guadalajara solicitó investigar las conductas irregulares de los servidores públicos municipales involucrados en los audios divulgados por Grupo Reforma que exponen estrategias ilegales del PRI en los procesos electorales, así como la separación inmediata de sus cargos y el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Jalisco.
