La Cámara de Diputados aprobó ayer con 328 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocida como la Ley Ficrea, mediante la cual se rescata a la mayoría de los más de seis mil inversionistas de ese fideicomiso cuyas aportaciones fueron hasta por un millón de pesos.
Con el adéndum integrado al dictamen, votado en contra por el PAN y PRD, se establece la facultad del gobierno federal para distribuir alrededor de mil 700 millones de pesos de recursos públicos para cubrir los seguros de los más de seis mil defraudados.
Se señala que ese dinero será recuperado con la cartera y los activos asegurados a los responsables del fraude, aunque no se precisa ni los montos de los bienes confiscados, ni el tiempo de recuperación.
El dictamen debió ser aprobado el pasado jueves, pero la operación de los propietarios y representantes de las cajas de ahorro y sociedades financieras retrasó hasta ayer la presentación ante el pleno, luego de que quedaran incorporadas diversas modificaciones planteadas por la Secretaría de Hacienda en un adéndum.
En un dictamen aprobado de manera divida —la primera parte con al alto consenso, y la segunda relativa al rescate a Ficrea, con una fuerte oposición—, se dejan plasmadas las disposiciones para prevenir y evitar que se presenten casos como el de esa agrupación financiera.
Esa sociedad financiera fue liquidada por las autoridades correspondientes en diciembre pasado, tras haber realizado operaciones fraudulentas por cerca de dos mil 700 millones de pesos, con afectación a más de seis mil 800 ahorradores.
El dictamen avalado amplía el fondo para el pago de ahorradores de sociedades financieras populares en liquidación, a fin de que recuperen hasta un millón de pesos, adicionales a las 25 mil Unidades de Inversión previstas hasta ahora, con lo que se beneficiará a los afectados por el fraude en Ficrea.
La nueva ley contempla el fondo para el pago de ahorradores de sociedades financieras populares en liquidación, un incremento de 200 mil a 400 mil UDIs en moneda nacional para personas físicas y de un millón a un millón de 400 mil UDIs en moneda nacional y hasta un millón 400 mil UDIs en moneda nacional para personas morales.
Aumentan las sanciones pecunarias y privativas de la libertad por acciones delictivas. Las sanciones van de dos a 15 años de prisión y multas de dos mil a 350 mil días de salarios mínimo, ante irregularidades realizadas por los socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
En la exposición de motivos del documento aprobado, se señala que mediante este mecanismo, se fomentará la confianza en el sector de ahorro y crédito popular, al implementar este programa social en protección de los ahorradores.
“Queda de manifiesto que el hecho de pagar una cantidad superior al seguro de depósitos es en beneficio de éstos”, se comenta.
También se aumentan las penas pecuniarias y privativas de la libertad en determinados tipos penales e incluye nuevas conductas que se considerarían delictivas, al tiempo de considerar responsabilidades para los accionistas.
La minuta se envió de inmediato al Senado para su análisis y eventual aprobación.
