29 de Septiembre del 2017
Para solicitar que el gobernador frene el incremento a nueve pesos en la tarifa de la ruta troncal Artesanos, la fracción del partido Movimiento Ciudadano envió oficio pidiendo al titular del Poder Ejecutivo vete la medida. El diputado Alejandro Hermosillo González, vocal de la comisión de Movilidad, recordó que el gobernador afirmó hace unas semanas, que no se autorizaría ningún aumento hasta que estuvieran circulando al menos tres corredores bajo el nuevo modelo de ruta empresa.
El legislador criticó al Comité Técnico de Validación Tarifaria por haber convocado a sesión cerrada y no publicar las encuestas a usuarios sobre la calidad de la troncal.
"Le exigimos que cumpla su palabra, apenas hace mes y medio señaló que iba a permitir aumentos sino se cumplían tres rutas troncales con una evaluación y no hay ni tres rutas circulando. Este sistema de ruta empresa no ha logrado demostrar que representa una mejora en la calidad del transporte y quieren madrugar en un aumento de la tarifa cuando el país se encuentra en crisis y a mucha gente de un día para otro la van a sorprender con un aumento de casi 30% sin ningún argumento para hacerlo" precisó el legislador.
Hermosillo añadió que la ley de movilidad da las facultades al titular del Poder Ejecutivo para vetar el aumento.
Por su parte, el diputado Omar Hernández, presidente de la comisión, se manifestó a favor de solicitar informe a la Secretaría de Movilidad respecto a si en efecto la troncal Artesanos cumple con todas las especificaciones y normas técnicas.
"Creo que es importante revisar y analizar el tema y preguntarle a la Secretaría de Movilidad si ya tienen ellos la seguridad de que la ruta empresa está cumpliendo con todo de acuerdo con lo que estable la propia norma. Nosotros en lo particular vamos preguntar a la Secretaría de Movilidad si ya se cumple", concluyó el legislador.
SABER MÁS
El artículo 154 de la ley de movilidad establece que gobernador puede modificar, en cualquier momento, las tarifas de transporte público cuando exista una causa de interés público, interés social o con motivo de calamidades públicas que afecten a grupos sociales, comunidades o regiones del estado. Se deberán tomar en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios, las circunstancias de interés general, la conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de transporte público.
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