29 de octubre de 2018
- La propuesta del Coordinador Salvador Caro y el Diputado Augusto Valencia establece sanciones administrativas, penales y económicas a quienes cobren más que el Gobernador.
La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano dio un paso firme para la Refundación de Jalisco con la presentación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que busca ajustar los sueldos por debajo de los 62 salarios mínimos que se establecen para el Gobernador del Estado, e imponer sanciones administrativas, penales y económicas a quienes otorguen o reciban ingresos superiores.
“Este es un paso importante en nuestro compromiso con la Refundación. Estamos buscando que se regulen los salarios y que se cancelen los excesos, que las remuneraciones nos permitan ser competitivos en la contratación de personal de servidores públicos en los niveles medios y superiores, pero que se cancelen de manera definitiva los privilegios”, señaló el Coordinador de la bancada ciudadana, Salvador Caro Cabrera.
“El llamado es a que la acaten todos los poderes públicos. Vamos a trabajar intensamente en el presupuesto para que se vea fielmente reflejada, y vamos a tender los puentes con los demás grupos parlamentarios para que se sumen a esta propuesta”, añadió el líder parlamentario, en conferencia de prensa.
La propuesta de Ley de Remuneraciones será presentada en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso este martes 30 de octubre, la última de la LXI Legislatura, en espera de que contar con el respaldo de las demás fracciones para que el Presupuesto de Egresos del 2019 se ajuste ya a esos nuevos criterios.
Quedarán sujetos a lo establecido en dicha ley los titulares y servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, así como para los organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios, empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria.
“Existe indignación social por la clara diferencia salarial entre los altos funcionarios y el resto de la ciudadanía. La propuesta de la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios tiene por objeto regular las remuneraciones que reciben los servidores públicos del estado, pero también establecer sanciones penales por el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, sancionando severamente a quien paga y a quien recibe el dinero excedente”, destacó el Diputado Augusto Valencia López.
Recalcó que la parte de sanciones contempla que siempre procederá el resarcimiento del daño a la Hacienda Pública estatal o municipal.
Augusto Valencia recordó que en mayo de 2016 se adecuó la Constitución local con la federal para establecer que ningún funcionario podría recibir remuneración mayor al Gobernador del Estado, sin embargo los magistrado del Supremo Tribunal, los Consejeros de la Judicatura, los magistrados del Tribunal Electoral y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa mantuvieron ingresos netos mayores, en clara violación a la norma.
En el artículo cuarto de los Transitorios se establece que las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida para el titular del Ejecutivo, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del 2019.
La iniciativa, autoría de los Diputados Augusto Valencia y Salvador Caro, fue presentada en conferencia de prensa en la que estuvieron presentes legisladores de la LXI y LXII Legislatura, diputados federales, el Presidente Municipal Pablo Lemus, algunos integrantes de la plataforma de la Refundación, así como por los diputados por Coalición Gerardo Quirino y Enrique Velázquez.
Algunos aspectos destacados sobre dicha propuesta de ley:
- Contiene 16 artículos que establecen un tope máximo al salario del Gobernador, donde la remuneración bruta anual del titular de Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo todas las prestaciones, no podrá ser superior al equivalente de 62 salarios mínimos diarios, multiplicado por 365.
- Ningún servidor público recibirá remuneración igual o mayor a la aprobada para su superior jerárquico inmediato, en todos los organismos públicos municipales y del Estado.
- Las remuneraciones brutas de los servidores públicos serán determinadas en el presupuesto de egresos estatal o los municipales.
- Cualquier persona podrá formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes públicos.
- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco podrá iniciar procedimientos para fincar responsabilidad administrativa sancionatoria, así como imponer las sanciones respectivas y presentar denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político.
- Como sanciones, se impondrá la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años.