Si bien, en México existe una Ley Federal que expide a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -la cual tiene como objeto el orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas-, en ciertas entidades no se tiene un área legal específica para la atención de estos sectores poblaciones; razón por la cual, el pasado mes de septiembre el representante de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura de Aguascalientes, Oswaldo Rodríguez García, presentó una iniciativa de Ley de Fomento a los Derechos y la Cultura Indígena.
Esto con el objetivo de darle una vida más digna a las poco más de dos mil personas de origen indígena que viven en Aguascalientes, “nuestro estado no tiene grandes cantidades de indígenas pero los que hay no tienen suficientes derechos para vivir de manera plena”, explicándose que las dos mil 178 personas de origen indígena que habitan en el estado son etnias que han llegado de paso pero que por ser una entidad segura y tranquila, se decidieron establecer de manera fija.
Ya que la población va creciendo, el interés de ciertas áreas de gobierno también lo hace, por lo que hace alrededor de 20 días el gobernador emitió una iniciativa más en la misma línea que la de Movimiento Ciudadano, sólo que con menos artículos a modificar, “la mía modifica 44 artículos específicamente y la del gobernador alrededor de 17”, ambas buscan establecer los mismos derechos para los indígenas, como son a la vivienda, a la educación de sus hijos y a la distribución de sus recursos y artesanías, “no queremos darles ventajas y afectar a otros sino que se les den permisos en lugares dignos donde sí haya afluencia de gente”.
Uno de sus problemas más comunes es que a causa de la incultura, no registran a sus hijos, y al momento de quererlos inscribir en una escuela para que reciban educación digna, no se les permite por ausencia de documentación oficial; ambas iniciativas proponen que se les permita su inscripción mientras el Registro Civil les regulariza su situación, expidiéndoles una primer acta sin costo.
Rodríguez García solicitó al presidente de la Comisión dictaminadora (Justicia) que el análisis se hiciera de forma ligada para establecer un dictamen en conjunto y crear una reforma más pulcra, cuidadosa y efectiva, en beneficio de las casi 300 familias indígenas que habitan en el estado.
Hasta el momento el diputado no ha recibido ninguna observación de su iniciativa por lo que se cree que el trabajo de estudio no ha iniciado, “sabemos que este cierre del año se tuvo mucho trabajo con otros temas de urgencia, pero esperamos que ya en enero inicie el nuestro”, dejando las puertas abiertas para ser llamado por la Comisión de Justicia para una explicación de motivos.
