Mexicali, B.C. a 15 de Enero del 2015.- El Diputado de Movimiento Ciudadano, Alcibíades García Lizardi, presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo en el que se solicita al Gobierno del Estado proporcionar información acerca del proyecto minero de El Arco, encabezado por Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país según la revista Forbes y uno de los principales beneficiados con la privatización del sector minero.
La zona conocida como El Arco, es un poblado que se ubica en la parte central del Paralelo 28, en el límite geográfico de los Estados de Baja California y Baja California Sur. “En dicha región, existe desde hace años, interés del consorcio empresarial Grupo México de extraer los yacimientos de cobre, oro y plata en base a explotación a cielo abierto, técnica minera altamente depredadora y contaminante de suelo, agua y aire”, declaró.
Este proyecto que, de acuerdo con declaraciones de autoridades del Estado, iniciaría hacia finales del 2014 ha generado preocupación e incertidumbre entre casi 60 mil pobladores. Además agregó el Diputado de Movimiento Ciudadano que “Grupo México tiene un amplio y negro historial de incidentes y contingencias provocadas por negligencia y por una actitud irresponsable, que ha provocado daños irreversibles al medio ambiente y afectado la salud de miles de personas en varios de los proyectos que ha emprendido en el país”.
El 6 de agosto del año pasado, una falla en la operación de la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, propició el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora, que abastecía a siete municipios de agua para consumo humano y para actividades productivas; 25 mil habitantes quedaron sin suministro del vital líquido, y la economía de miles de familias quedó arruinada y días después un tren de Ferromex, empresa filial de Grupo México, que transportaba químicos tóxicos que serían comercializados en el extranjero, descarriló y volcó a escasos metros del Río Santa Cruz, en Nogales, Sonora, derramando 240 toneladas de ácido sulfúrico.
Por lo que solicitó que en su caso, también “se lleven a cabo las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal para que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Agua proporcionen, respectivamente, los expedientes correspondientes a las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental del proyecto; las concesiones mineras otorgadas por la Dirección General de Minas a Grupo México SA de CV/Mexicana del Arco SA de CV; y las concesiones y perforación de pozos de agua para el desarrollo del megaproyecto”.
Cabe mencionar que el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad y que el Diputado de Nueva Alianza, José Alberto Martínez Carrillo, se sumó al Punto de acuerdo debido a que con anterioridad ya se había solicitado al Lic. Blancafort Camarena, Delegado de SEMARNAT en la entidad, información sobre el proyecto minero a lo que respondió que no existe ninguna solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para la instalación u operación de alguna mina en la parte limítrofe sur del Estado por parte de Grupo México.
Las autoridades tanto federales como estatales, deberán estar alertas a fin de exigir las más estrictas garantías de seguridad a este consorcio empresarial o, en caso contrario, cancelar todo tipo de permisos y concesiones otorgadas para la exploración y explotación minera en la Península de Baja California.
