Diputados del PT y Movimiento Ciudadano exhortaron a los delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) implementar un operativo de supervisión en las playas de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada.
Lo anterior con la finalidad de señalar los sitios en donde se está respetando el derecho de libre acceso, uso y disfrute de dichas playas por parte de la ciudadanía en general y en el caso donde existan violaciones a este derecho que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.
Según lo expuesto por los congresistas, en los últimos años en diferentes partes del Estado y particularmente en Ensenada se ha venido registrando en la práctica una “privatización” de las playas por parte de los particulares que han obtenido concesiones en la zona costera.
Esta situación impacta no únicamente en el derecho de las personas a transitar libremente por las playas, sino a los prestadores de servicios turísticos y a muchos ensenadenses.
“Resulta aberrante que no puedan entrar a las playas a las que por años accedieron de forma libre debido al asentamiento de hoteles o fraccionamientos privados, en donde residen extranjeros. Por tal razón, en atención a la petición de organizaciones de la sociedad civil de agrupaciones surfistas, ambientalistas y prestadores de servicios turísticos, hago eco de su voz para presentar esta propuesta tendiente a garantizar el libre acceso a las playas”.
Según lo expresado por los diputados del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, Claudia Josefina Agatón Muñiz y Job Montoya Gaxiola, respectivamente, mediante este acuerdo se solicita exclusivamente lo que la propia ley establece como responsabilidad de la Semarnat vigilar de manera periódica las playas para salvaguardar los intereses patrimoniales de la nación.
La diputada Agatón Muñiz dio lectura a este documento, en donde ambos legisladores manifiestan su compromiso de acompañar a las personas y agrupaciones ciudadanas que exigen su derecho de poder acceder y transitar por las playas para documentar con un notario público el cierre de los accesos a éstas; el ilegal enrocamiento de las playas y la colocación de cercos en bocacalles y accesos de carácter público e interponer las denuncias correspondientes en contra de los particulares y funcionarios públicos que se nieguen a cumplir con lo que la ley establece.
