Regidores de Movimiento Ciudadano se pronuncian en contra de reforma constitucional

Los Regidores de Movimiento Ciudadano en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronunciaron en contra de la reforma constitucional aprobada el sábado pasado por diputados locales del PRI y PAN. Presentada por el gobierno que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, esta iniciativa eliminó el candado legal que impedía a los titulares de una secretaría de estado ser nombrados, inmediatamente después de concluir su gestión, titulares de la Fiscalía General del Estado.

En rueda de prensa, Salvador Caro, Augusto Valencia y Germán Ralis, coordinadores de los grupos edilicios de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, respectivamente, expresaron su repudio a la reforma. Sostuvieron que el proceso se llevó a cabo de una forma mañosa: un verdadero manoseo a la Constitución del Estado de Jalisco.

Los ediles de Movimiento Ciudadano en el AMG lamentaron que las modificaciones a la constitución se hayan realizado con poca seriedad y sin un análisis de fondo.

Resaltaron que la reforma tenía una sola intención: colocar a una persona en específico como Fiscal de Jalisco. Es decir, el objetivo no fue lograr una mejoría administrativa y/o un beneficio colectivo, sino solamente imponer a una persona en un puesto.

La reforma precisa ser ratificadas por 68 cabildos. Sin embargo, los Regidores Ciudadanos expresaron que observan una “cargada” a favor de la iniciativa. Ante esto, criticaron la actuación de los presidentes municipales emanados del PRI y del PAN, quienes usan a los ayuntamientos como si fuera una oficialía de partes del gobierno estatal.

Los Regidores Ciudadanos concluyeron que estos presidentes municipales responden a intereses particulares más que a los intereses de la sociedad; y expusieron que no serán comparsa de quienes están votando a favor de la reforma.

Por último, recordaron que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco votó en contra de la reforma constitucional propuesta por el Gobernador del Estado, no solamente porque observó graves violaciones a principios legales y constitucionales básicos, sino también a principios éticos.

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