Ciudad de México (15 enero 2015).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la tortura, el maltrato, la intimidación y la incomunicación que sufrieron tres testigos de los hechos ocurridos en Tlatlaya a manos de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Por ello, el organismo pidió al gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, que se determine la responsabilidad administrativa y penal contra los servidores públicos que ejecutaron, ordenaron y toleraron dichos actos.
Dicha responsabilidad, señaló la CNDH, también recae en el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Tejupilco, ante quien rindieron sus “declaraciones obtenidas a base de tortura”.
EL UNIVERSAL tuvo acceso al testimonio que recabó la comisión de tres de las víctimas que sobrevivieron a la agresión en la bodega en la que murieron 22 personas, de las que al menos cinco fueron ejecutadas con sus propias armas por parte de militares y otras tres presentan impactos que hacen suponer que también fueron asesinadas por los soldados.
Testimonios del maltrato. “Esa vieja se nos va a morir”, comentó uno de los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México mientras torturaba e interrogaba a una testiga de los hechos ocurridos en junio de 2014.
En instalaciones de la Procuraduría estatal, un abogado y tres agentes —entre los que estaba una mujer— iniciaron el interrogatorio pidiéndole su contraseña de la cuenta de Facebook.
Al ver las fotos de sus familiares le dijeron que si no cooperaba su hija, quedaría en un orfanato. “No nos cuesta nada poner las manos en las armas”, le gritaban mientras, al mismo tiempo, le insistían que confesara su relación con el supuesto grupo delincuencial que ocupaba la bodega en la que irrumpieron los militares. ¿Quién es el líder? ¿qué sicarios conoces?, le preguntaban. Si contestaba que no sabía, le pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Le exigieron que dijera que los presuntos delincuentes habían matado a 10.
La madrugada siguiente, después de este episodio de tortura y maltrato que duró 30 minutos, ella junto con las otras dos mujeres fueron trasladadas a otro lugar cercano. Era un baño donde había tres hombres. “Aquí hasta los muertos hablan”, le dijeron. La golpearon, intentaron asfixiarla con una bolsa en la cabeza y metieron su cabeza a la taza del baño en cuatro ocasiones.
Ella firmó una declaración, cuyo contenido desconoce, cuando uno de los hombres se bajó los pantalones y amenazó con violarla.
Otra de las mujeres fue interrogada en otra oficina aparte por dos agentes. Pidieron su contraseña de Facebook, pero ella les dijo que no se acordaba. Enseguida le gritaron que era una mentirosa, que debían borrar su declaración porque “los militares no habían matado a nadie”.
Al día siguiente, también en el baño, donde asegura que había alrededor de seis hombres, la amenazaron: “Si quieren que la traten como persona o como animal aquí sabemos pegarle a las personas sin que se note”. La agarraron de pies y manos, e intentaron asfixiarla con una bolsa que colocaron en su cabeza en cinco ocasiones.
Enseguida sacaron una videograbadora y una lista con nombres. Le dieron la instrucción de que a cada pregunta debía responder sí. También amagaron con violarla y firmó unas hojas sin poder leer lo que decían.
La CNDH en ambos casos pudo acreditar el maltrato físico y sicológico que sufrieron y aseguró que dada la intencionalidad y el tipo de lesiones, se puede configurar la tortura.
La tercera víctima señala que tres personas vestidas de civil la subieron a un vehículo particular y durante el trayecto la amenazaron con que si no cooperaba la iban a violar. Le exigían, con una videocámara que la grababa, que dijera que las personas que estaban dentro de la bodega eran de una organización criminal.
Indicó que cuando llegó a instalaciones de la Procuraduría estatal, las tres testigos querían declarar lo que realmente sucedió, pero una “licenciada” las intimidaba diciéndoles que “habían quedado en otra cosa”.
La CNDH indicó que en este caso, la mujer fue víctima de un trato inhumano que afectó su integridad síquica y emocional, dado que además, durante los hechos ocurridos en esa bodega, su hija perdió la vida.
Reparación del daño. El martes pasado la CNDH anunció que reclasificó el caso Tlatlaya como una violación grave de los derechos humanos, que obliga a las autoridades involucradas a presentar con mayor prontitud las pruebas del cumplimiento de la recomendación emitida por el organismo, explicó la senadora Angélica de la Peña.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República indicó que las evidencias obtenidas en la indagatoria de la CNDH refieren que se trata de un crimen de lesa humanidad.
En tanto, Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México, señaló que este caso se debe aclarar cuanto antes para que se sancione a los responsables, pero sobre todo, para que se repare el daño a los familiares de las víctimas.
