3 de mayo de 2020
La urgencia por fortalecer con insumos al sector salud, ha sido el caldo de cultivo para adquisiciones gubernamentales opacas e irregulares, con sobrecostos y posible conflicto de interés
La emergencia sanitaria no significa que el Gobierno tenga licencia para defraudar al erario público
En México, pareciera que la declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19 ha servido de pretexto al Gobierno Federal para la adquisición de bienes y servicios urgentes para el sector salud, pero bajo procesos opacos y discrecionales, algunos señalados por posibles actos de corrupción.
El Gobierno Federal ignoró a organismos especializados en el combate a la corrupción, como Transparencia Internacional, que recomendó para esta emergencia sanitaria una máxima apertura en la información de las contrataciones públicas, fiscalización en tiempo real e identificación plena de los recursos utilizados y su destino. “Aceptar la crisis como un motivo para rechazar o detener las reglas de adquisición y la transparencia en el proceso, inevitablemente resultará en corrupción”, advirtió la organización.
En el mismo sentido, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción planteó la necesidad de transparentar y publicar periódicamente las adquisiciones, contrataciones y adjudicaciones de bienes y servicios, así como informar de todo el gasto ejercido por la Federación durante esta crisis.
Si bien la emergencia sanitaria implica que las autoridades deban realizar compras extraordinarias, eso no significa que no deban apegarse a las reglas de transparencia y eficiencia en el gasto público.
Diversos medios de comunicación han informado sobre adjudicaciones realizadas bajo procesos opacos, en contratos plagados de irregularidades y posibles actos de corrupción.
● El más reciente caso denunciado, fue en la delegación del IMSS en Hidalgo, donde la empresa Cyber Robotics Solutions vendió 20 ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos: cada equipo tuvo un costo de 1 millón 550 mil pesos, es decir, 670 mil pesos más caro respecto a un equipo similar que compró la delegación el mismo día, pero al proveedor Conduit Life.
Cyber Robotics Solutions, es propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del Director General de la CFE, Manuel Bartlett, quien hace unos meses fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública tras las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
● Uno de los contratos opacos, es el de la compra de ventiladores respiratorios por más de mil 350 millones de pesos que realizó la SEDENA a la empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV, cuyo socio mayoritario es el ex funcionario público José María Tapia Franco, Director General para la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil en el gobierno anterior, y quien tenía como una de sus funciones tramitar los recursos del Fondo de Desastres Naturales, fideicomiso que fue utilizado como negocio millonario, según había acusado el hoy Presidente de la República.
● Mientras el Gobierno Federal publicaba las medidas preventivas contra el Coronavirus, la Secretaría de Educación adjudicó directamente un contrato por 969 millones de pesos a la empresa Seguros Azteca Daños, del Grupo Salinas, para asegurar “todos los bienes muebles, inmuebles e infraestructura física propiedad de la SEP”.
Estos son tan solo algunos de los casos recientemente documentados. Empero, es importante recordar que el 70 % de las adquisiciones que ha realizado la presente Administración han sido a través de adjudicación directa.
En Movimiento Ciudadano rechazamos que en medio de una de las peores crisis sanitarias que ha vivido México, las autoridades recurran a este tipo de compras para asignar contratos a aliados y familiares, o se compren materiales inservibles como también ha denunciado el personal de salud.
Movimiento Ciudadano hace un urgente llamado al Gobierno de México para afrontar esta crisis con responsabilidad, con transparencia y con ética pública. El presupuesto público es para atender la emergencia y no los bolsillos de los funcionarios del gobierno.
Esta administración tiene la obligación de poner a disposición de los ciudadanos, de manera transparente y en formatos abiertos, la información de todas las compras realizadas durante la presente pandemia de COVID-19. Así mismo, llamamos a la Secretaría de la Función Pública a presentar un modelo de fiscalización efectivo y en tiempo real que permita a los mexicanos tener la seguridad de que se están realizando las medidas de prevención para evitar actos de corrupción durante esta contingencia.
Senador Clemente Castañeda Hoeflich
Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano
