La creación de la Guardia Nacional fue precedida por un parlamento abierto donde expertos, víctimas, organizaciones civiles y legisladores coincidieron y logaron establecer en la reforma constitucional, que esta institución tendría un mando inequívocamente civil y que se fortalecerían las policías estatales y municipales.
Sin embargo, a un año de que iniciara operaciones, se tergiversó la función de la Guardia Nacional: el Presidente de la República impulsó a un mando militar en retiro al frente de la institución, ha postergado por más de seis meses la inversión de recursos públicos para el urgente fortalecimiento de las policías locales y publicó un decreto que mantiene a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública.
El Gobierno Federal que prometió regresar las tropas a los cuarteles militares, ha ampliado el presupuesto, las responsabilidades y las funciones de las Fuerzas Armadas, más allá de lo que lo hicieron gobiernos anteriores.
Este enfoque militarista, lejos de pacificar al país, ha empeorado los principales indicadores de violencia en México:
- Desde junio de 2019, cuando inició operaciones la Guardia Nacional y hasta mayo de 2020, la cifra de víctimas de homicidio doloso ascendió a 32 mil 078 personas, es decir, 450 casos más que en 2018.
- El 2019 cerró como el año más violento para México desde que se miden los asesinatos: en total, son 34 mil 582 personas muertas.
- Y aunque el Presidente niegue y minimice la violencia contra la mujer, entre enero y marzo de 2020 se registraron 244 feminicidios, es decir, 1.6 % más respecto al mismo periodo de 2019.
A lo anterior, debemos sumar que la Guardia Nacional ha sido denunciada por uso excesivo de la fuerza y violación de los derechos humanos. Es ilustrativo recordar que sus elementos son utilizados como “policía migratoria” en la frontera sur del país, así como su falta de coordinación y capacitación, que quedó expuesta en el episodio del “culiacanazo”, cuando tuvieron que liberar al presunto delincuente, Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín el “Chapo” Guzmán.
El Presidente ha dado continuidad a una estrategia fallida de seguridad que se comprometió no sólo a corregir, sino a revertir.
No consolidar una estrategia de seguridad pública basada en la construcción de corporaciones civiles, coordinadas y eficientes, pone en riesgo la paz y la tranquilidad de México. El Presidente de la República faltó a su palabra al prolongar el uso de las Fuerzas Militares en la seguridad pública.
Movimiento Ciudadano, a un año del despliegue de la Guardia Nacional, llama al Mandatario Ferderal a rectificar el rumbo: a dotar a esta corporación de las herramientas necesarias para su consolidación como una fuerza de seguridad pública civil, coordinada con las entidades federativas y respetuosa de los derechos humanos.
Además, Movimiento Ciudadano exige que se dé marcha atrás a la actuación de las Fuerzas Armadas sin garantías jurídicas y a que se active una verdadera estrategia de fortalecimiento de las capacidades y estado de fuerza de las policías locales en todo el país.
Senador Clemente Castañeda Hoeflich
Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano
