10 de Mayo del 2020
La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser un muro de contención contra la aspiración antidemocrática de Morena, con la que pretende extender hasta 5 años el periodo de un gobierno que la gente eligió por 2.
La Ley Bonilla, que violenta los principios democráticos y la voluntad del pueblo de Baja California, es un capítulo vergonzoso en la historia política del país.
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará la discusión del proyecto de resolución elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas, que propone declarar inconstitucional la reforma que amplía el mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
Hoy más que nunca la Suprema Corte debe hacer valer su autonomía e independencia. Confiamos que su resolución ponga fin al intento oprobioso de un gobernante para perpetuarse en el poder.
Desde Movimiento Ciudadano presentamos el 18 de octubre pasado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla, donde argumentamos que:
• Vulneraron el proceso legislativo. Con la excusa de una supuesta urgencia, el Congreso de Baja California aprobó la reforma el mismo día en que se presentó la iniciativa, negando su análisis y debate.
• Violentaron el proceso electoral. La Constitución prohíbe cualquier reforma sustancial a una ley electoral en tiempos de elecciones, mandato que desacataron los diputados y las diputadas locales porque modificaron la duración de la gubernatura cuando ya había concluido la elección.
• Aplazaron injustificadamente su publicación en el Periódico Oficial. Para maquillar la ilegalidad de la reforma, el Congreso local realizó una consulta ciudadana ilegal y aplazó dolosamente su publicación.
• Violentaron la libertad de sufragio. Se actuó contra la voluntad de la ciudadanía que acudió a las urnas para elegir una gubernatura por el período de 2 años y no de 5.
• Con esta reforma se intenta perpetuar a Jaime Bonilla en el poder, más allá del mandato ciudadano.
En Movimiento Ciudadano denunciamos las irregularidades cometidas antes y después de la elección por la gubernatura de Baja California. También, exigimos al entonces Gobernador electo, Jaime Bonilla, que renunciara a las artimañas legales con las que buscaba ampliar su mandato y se concentrara en las políticas públicas que aplicaría para atender la larga lista de problemas que viven el estado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la última trinchera para defender la democracia en México y hacer valer el voto de los bajacalifornianos, su resolución debe reafirmar el orden constitucional.
Senador Clemente Castañeda Hoeflich
Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano
