En las líneas preliminares del documento, AI no deja lugar a dudas. Reconoce que el gobierno (de Peña Nieto) ha hecho mucho en lo que se refiere a las reformas políticas y económicas, que han sido prioritarias desde el inicio de la administración. Señala, sin embargo, que “han brillado por su ausencia los compromisos públicos y las acciones decisivas en derechos humanos. Esto supone que aparentemente al interior del gobierno los derechos humanos no necesitan ser un tema prioritario, particularmente en la agenda del presidente. En consecuencia, los derechos humanos se han relegado a funciones administrativas de rango medio de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones con autoridad y capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales”.
Puntualiza AI: “México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo."
“Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación”.
Y añade: “La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo señala que cuando un gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos; debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden ignorar los derechos humanos o reducirlos a un tema secundario. Además, para mostrar que la impunidad dejará de ser tolerada, debe demostrar en la práctica que cualquiera que esté implicado directa o indirectamente en abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que las víctimas tendrán acceso a la verdad y a la reparación. Amnistía Internacional exhorta al presidente y a su gabinete a mostrar fuerte determinación y compromiso para abordar la situación crítica de derechos humanos en el país”.
¿Cuáles son las preocupaciones de AI respecto de México? ¿Cuáles sus recomendaciones? He aquí un apretado resumen:
- La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es potencialmente el cambio más importante en el marco jurídico mexicano en décadas, pero el gobierno y el Congreso todavía no han enviado un mensaje claro que indique que los estándares internacionales de derechos humanos se aplicarán en la práctica.
- En consulta con la sociedad civil, el gobierno debe establecer una agenda legislativa para incorporar plenamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la legislación interna de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
- El desafío para el gobierno de México es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos. Una cosa es afirmar que los derechos humanos se respetan en el marco de la política de seguridad pública, y otra es asegurar que realmente hay mecanismos creíbles de rendición de cuentas capaces de detectar y mantener estos estándares. Hasta el momento, no hay evidencia de que el gobierno esté preparado para garantizar que sea así y que se ponga un alto a las prácticas relacionadas con el gobierno anterior.
- El presidente debe aprovechar toda oportunidad para enviar un fuerte mensaje público en el que establezca que los abusos no serán tolerados. Que serán investigados en forma inmediata, exhaustiva e imparcial; que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparaciones completas.
- A un año de que el gobierno admitiera la existencia de más de 26 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante la administración pasada, las autoridades aún deben publicar una lista depurada con los casos de quienes todavía son víctimas de privación de la libertad por parte de bandas criminales o de desapariciones forzadas en las que están implicados funcionarios públicos.
- La nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe dejar claro cómo mejorará la atención a las víctimas y cómo asegurará el respeto a sus derechos. Ha habido poco avance en la localización de víctimas de desaparición y en la rendición de cuentas por parte de los responsables.
- La tortura y los malos tratos abundan. La mayoría de las medidas preventivas parecen estar más bien diseñadas para sub-registrar los niveles de tortura y malos tratos y para asegurar que los perpetradores evadan la justicia. En consecuencia, el sistema de justicia penal sigue recurriendo a la tortura como medio principal de investigación.
- El sistema de justicia penal sigue siendo el nexo de muchos de los problemas de derechos humanos en México. Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas.
- El arraigo continúa favoreciendo abusos y socava el control judicial. Se han ignorado en repetidas ocasiones las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos para abolir la figura del arraigo. Se debe también asegurar el fin de la impunidad para funcionarios públicos implicados en violaciones de derechos humanos.
- Debe ser reformado el Código de Justicia Militar para asegurar que las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar se investiguen, se persigan y se sometan a juicio en el sistema de justicia civil.
- En 2013, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a 82 mil 269 migrantes y deportaron a 75 mil 704 de ellos. Los migrantes (mujeres, varones y menores de edad), continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las bandas criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales. La Estrategia Integral para Combatir el Secuestro de Migrantes no ha traído ante la justicia a las bandas criminales y a los funcionarios que acechan a las personas migrantes.
- Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se enfrentan a ataques, amenazas, intimidación, secuestro y ejecuciones en represalia por su legítima y valiosa labor. Los presuntos culpables de los ataques casi nunca son llevados ante la justicia. La impunidad de la que disfrutan los responsables de estos ataques debido a la ineficacia en las investigaciones, la mayoría conducidas por autoridades estatales con supuestos vínculos a estas violaciones, promueve la tolerancia a estos ataques.
- La igualdad de género es una meta aún lejana. La violencia y la discriminación violan los derechos humanos de mujeres y niñas y comprometen severamente su salud y derechos sexuales y reproductivos. Se debe asegurar que las políticas de seguridad pública no tengan un impacto negativo sobre mujeres y niñas.
- Se deben rechazar las medidas que socaven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, poner fin a la criminalización del aborto y asegurar que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo en casos de abuso sexual, incesto y cuando su salud se encuentre en riesgo.
- Las autoridades deben proporcionar información imparcial y adecuada, y conducir procesos de consulta transparentes con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, así como garantizar que se consulte plenamente a las comunidades indígenas durante la formulación y la implementación de políticas para fortalecer su acceso a servicios básicos y sobre el desarrollo de proyectos extractivos y otras medidas que puedan afectar sus tierras, territorios y recursos con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Se preguntará el lector, con razón: ¿por qué el memorándum de Amnistía Internacional fue dirigido al jefe del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto?
Sencillamente porque está demostrado a plenitud que los Estados, por acción u omisión, son los principales violadores de derechos humanos en todo el mundo.
