Política interior
En este Informe de Gobierno ha quedado claro que la actual administración federal no conoce el significado de la autocrítica. La situación que vive el país es una muestra clara de que México no se mueve en la dirección correcta y lo peor es que el Poder Ejecutivo no lo reconoce y pretende engañar a los mexicanos con un discurso trillado en el que no caben la voz, las exigencias y los anhelos de los ciudadanos. Durante esta administración hemos sido testigos de cómo la política de la simulación, de las redes de complicidad y de la frivolidad han conducido al fracaso a la vida pública de nuestro país. El apartado de política interior en este informe no es la excepción.
Un punto de partida responsable, y que permita iniciar la reconstrucción del Estado de Derecho, comienza por reconocer que México atraviesa por una grave crisis de confianza y legitimidad de sus instituciones, producto de una fallida visión de la política interior y de una fallida visión del papel del Estado. Para muestra de lo anterior, tenemos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que apenas hace dos días desmintió la versión que el Gobierno Federal nos dio sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta falta de transparencia, estas omisiones y esta simulación por parte del Poder Ejecutivo, está provocando una profunda desconfianza por parte de la población hacia las instituciones, y lo peor es que ha significado negarle el derecho a la verdad a los mexicanos. La lección es clara: no se puede ocultar el deterioro de la vida institucional con ruedas de prensa, decálogos o mensajes a la nación. México no se moverá con un eslogan publicitario, sino con una política seria y acciones responsables.
Pero éste no es el único ejemplo del fracaso del modelo impulsado desde la Presidencia de la República. Hoy México vive un clima de violaciones a los derechos humanos que también se vio reflejado en los casos de Tlatlaya y Ostula, en la ejecución de civiles y policías en Jalisco, en la masacre ocurrida en San Fernando, en Tamaulipas, en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, entre muchos otros hechos lamentables que no sólo han puesto de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia y la falta de integridad de nuestros gobiernos, sino que en algunos casos han comprobado su complicidad con el crimen organizado.
Tampoco podemos dejar de mencionar que el Estado mexicano ha fracasado en el objetivo de proteger la libertad de expresión de periodistas y activistas de la información, que hoy este sector se ve amenazado por poderes fácticos y en ocasiones por poderes institucionales que no aceptan la crítica ni el pensamiento libre. Según el informe “Estado de Censura”, presentado por la organización Artículo 19, durante el actual sexenio las agresiones contra los periodistas se producen cada 26 horas, mientras que en el sexenio anterior existía una tendencia de una agresión cada 48 horas; es decir, en este sexenio casi se han duplicado las agresiones. A lo anterior debemos sumar que 59% de los casos de agresiones contra periodistas provienen de los propios aparatos de gobierno.
Frente a estos y muchos otros casos, los mexicanos sólo han recibido simulación y frivolidad, como lo demuestra el ineficiente combate a la corrupción y la impunidad. Porque tenemos que entender que el problema de la inseguridad, la desconfianza y la indignación tienen su raíz más profunda en la impunidad, que en esta administración tiene como ejemplo máximo el penoso papel realizado por la Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública en el caso de la Casa Blanca, donde los evidentes conflictos de interés del Titular del Poder Ejecutivo no derivaron responsabilidades ni sanciones.
Nuestra postura ante el informe, en su apartado de política interior, es que ante los casos que más indignan a los mexicanos, no encontramos reflexión, reacción ni disposición a reconocer que se ha estado moviendo hacía el fracaso.
