Movimiento Ciudadano considera que el apresuramiento con que PRI y PAN aprobaron la reforma político-electoral que se les impuso desde el Poder Ejecutivo, pone de relieve que la partidocracia hizo a un lado sus compromisos con la ciudadanía y actuó neciamente en beneficio de intereses particulares.
El debate, la confrontación de ideas y propuestas, el análisis necesario para tomar decisiones responsables, brilló por su ausencia.
En los términos aprobados, la reforma político-electoral no tiene absolutamente ninguna viabilidad jurídica, administrativa u operativa; los grandes vacíos que dejan los legisladores de PRI y PAN en su insólita prisa por atender los designios del jefe del Poder Ejecutivo, quedan ahora en manos de reformas secundarias.
Vaya de ejemplo la persistencia de reglas particulares con las que la partidocracia se adjudicó los tiempos oficiales en radio y televisión, en una de las decisiones más retrógradas y antidemocráticas que se hayan tomado en décadas.
En opinión de Movimiento Ciudadano, sigue vigente la necesidad de que los partidos políticos sean puestos realmente al servicio de la sociedad. Por eso proponemos una reforma encaminada a garantizarle al ciudadano el derecho al voto informado, mediante la confrontación en debates públicos de las plataformas electorales de los partidos políticos y las propuestas e ideas de los candidatos, así como reorientar el sentido y la óptima utilización de los tiempos oficiales en radio y televisión. Se trata de que la radio y la televisión sirvan para que los ciudadanos emitan su voto informada y razonadamente.
En este propósito, es imprescindible la redistribución de los tiempos oficiales en medios masivos de comunicación, en periodo de campaña, de la siguiente manera: 75% para los partidos políticos; 15% para debates entre los candidatos; y 10% para las autoridades electorales y la promoción del voto.
Fuera de periodos electorales, hemos propuesto que el tiempo total del que dispone el órgano electoral se distribuya de la siguiente manera: 50% entre los partidos políticos, de forma igualitaria; 25% para programas de análisis y debate sobre las plataformas, agendas legislativas, posicionamientos, y agenda nacional; y 25% para fines propios de las autoridades electorales.
Hemos de insistir en un fundamento de toda democracia: el poder deviene del pueblo, del ciudadano. Esa es la esencia del contrato social entre ciudadanía y gobierno, que soporta la acción de un Estado democrático, sobre las bases de una Constitución. Si el gobernante beneficiario de este contrato, mediante el cual recibe poder, autoridad y recursos financieros, no cumple con el pacto social, el ciudadano tiene el legítimo derecho de exigirle rendición de cuentas y revocarle el mandato. Es una perversidad que el ciudadano tenga que soportar durante años a funcionarios corruptos, cuando no ineficaces e incompetentes.
La reforma político-electoral fue impulsada por el Ejecutivo Federal y aprobada con prisas por sus aliados en la Cámara de Diputados y en las legislaturas locales.
Finalmente, entre muchos otros puntos, Movimiento Ciudadano ha propuesto que durante el primer y quinto año de gobierno del titular del Poder Ejecutivo federal, no se realicen elecciones. El objetivo es lograr en el primer año la construcción de acuerdos necesarios para la gobernabilidad, dentro del marco constitucional. También se busca permitir en el quinto año la plena realización de los programas de gobierno que se encuentran en etapa de consolidación.
Esperamos que el Congreso de la Unión proceda en consecuencia, cuando se trabaje en la legislación secundaria, a la luz de estas reflexiones en busca del beneficio ciudadano, no de una partidocracia que, hoy por hoy, solo recibe expresiones de descrédito de una sociedad agraviada.
