40 ladrones

 

Los priistas están de nuevo en el banquillo de los acusados. Arremolinados alrededor de Humberto Moreira, se preguntan cómo contestar o qué ataques lanzar. Están pasmados. Llevan tres años atribulados en Los Pinos y quieren desesperadamente permanecer en el lugar que tan bien los nutre, en el sitio que a tantos engorda. Por ello, intentan deslindarse del ex dirigente del PRI. Intentan argumentar que el suyo es un caso aislado. Un problema personal y no institucional. Quieren mantener un partido unido. Una maquinaria engrasada. Pero por más que tratan de protegerse de manera conjunta como alguna vez lo hicieron, todo sale mal.

 

Para empezar, los ingredientes tradicionales de la fórmula priista para protegerse en el poder están podridos. Huelen a viejo. Pero el PRI insiste en usarlos; el PRI insiste en reciclarlos tal y como lo hace Osorio Chong cuando declara que el Moreirazo "no puede enmarcar al PRI y a su militancia". Moreira, quien dice que los fondos que recibió en España provienen de empresas legítimas cuando son empresas inexistentes. Al que Estados Unidos investiga -junto con sus allegados- por lavado de dinero que robó de Coahuila. Al que la PGR se declaró incapaz de investigar y no lo hizo. Moreira, el priista embaucador. El priista multiusos. El priista típico. Robando y lavando y desfalcando y mintiendo y engordándose. Protegido hasta hace unos días por su hermano, escudado por sus amigos, tapado por el propio Peña Nieto. Mostrando que el PRI no cambia; sólo se vuelve peor.

 

No aprende de sus errores. No intenta comportarse de otra manera, gobernar de otro modo, usar el poder para democratizar en vez de agandallar. Sigue protegiendo a todos aquellos que le dieron tan mala reputación. A los de las manos negras y las mañas sucias. Lo que pasa dentro del PRI revela la podredumbre de los partidos del país que llevan años priizándose. No funcionan para representar ciudadanos sino para proteger políticos. No operan para generar ideas sino para promover negocios. No existen para proponer políticas públicas sino para alimentar ambiciones privadas. Piensan que están allí para vivir del financiamiento público y gastarlo; para estar cerca del erario y utilizarlo. Para endeudar a los estados que gobiernan y enriquecerse así. Lo que ha hecho Humberto Moreira ahora no es nuevo; sólo es más obvio.

 

Porque si el PRI aspirara realmente a ser "nuevo" ya hubiera condenado a Moreira. Si el PRI quisiera gobernar de otro modo al país, hubiera promovido a los mejores en vez de impulsar a los peores. Hubiera empezado una investigación acusiosa contra él por aquello de lo cual es acusado en España y Estados Unidos: "cohecho, lavado de dinero y asociación criminal". Hubiera actuado contra las empresas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría y Publicidad. Contra Javier Villarreal Hernández, ex colaborador de Moreira, quien se ha declarado culpable en Estados Unidos por lavado de dinero. Contra Vicente Chaires Yáñez, ex secretario particular de Moreira, prófugo. Contra Jorge Torres López, ex tesorero, prófugo. Contra una red de amigos que Moreira tejió para desviar millones de dólares y financiar negocios inmobiliarios y comprar medios de comunicación y llevar una vida de mirrey en Barcelona. El ex dirigente nacional del PRI. Intocable. Impune.

 

Porque tocarlo a él hubiera implicado ir tras uno de la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Esa cueva multifamiliar y multimillonaria que es el PRI. Ese lugar sin límites en el que vive Emilio Gamboa. Y Manlio Fabio Beltrones. Y Carlos Romero Deschamps. Y Tomás Yarrington. Y Carlos Hank González. Y Raúl Salinas de Gortari. Y Luis Videgaray. Y Rubén Moreira. Y Arturo Montiel. Y Ulises Ruiz. Y José Murat. Y Mario Marín. Y Gerardo Ruiz Esparza. Y Carlos Salinas de Gortari. Y Armando Reynoso Femat. Junto con los empresarios que se han beneficiado de la amistad que los vincula a los habitantes de la cueva, con los que compran medios, construyen puentes, lavan dinero, expolian al país.

 

Tiene razón Edgardo Buscaglia: el crimen más organizado en México está en el gobierno. En los gobernadores. En los secretarios de Estado. En los innombrables que permitieron las dos fugas de El Chapo. En los múltiples acusados y luego absueltos. Por eso no sorprende la reacción en las redes sociales sugiriendo que se haga una cooperacha para el boleto de Guillermo Padrés a España, o que ojalá las autoridades españolas inviten al gabinete de Peña Nieto a conocer España. Porque a los ladrones mexicanos la justicia mexicana no los persigue. Los protege.