El pleno de la Cámara de Diputado aprobó ayer una reforma a las leyes General de Salud, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para garantizar atención médica inmediata a mujeres embarazadas que enfrenten alguna urgencia obstétrica, sin importar si son derechohabientes o su afiliación a cualquier esquema de salud.
Con esta modificación se pretende disminuir la mortalidad materna y el creciente número de casos de embarazadas que no son atendidas en clínicas y hospitales, por lo cual han tenido que parir en la calle o en autos.
La Comisión de Salud estableció en el dictamen que en México actualmente se presentan 2.1 millones de embarazos cada año, y alrededor de 300 mil tienen complicaciones obstétricas.
El efecto que estas complicaciones obstétricas siguen teniendo en el país es enorme, ya que 30 mil mujeres quedan con secuelas que las convierten en discapacitadas; además, fallecen anualmente mil 100, lo que provoca una secuela social de 3 mil huérfanos cada año. Vale recordar que 80 por ciento de estas defunciones maternas son prevenibles, apuntó la comisión en el dictamen.
La reforma define que tanto la Secretaría de Salud, como el IMSS y el Issste, quedan obligados a prestar atención expedita a quienes presenten emergencia obstétrica y el auxilio debe ser gratuito cuando se trate de mujeres en condición de pobreza o de alta marginación.
Zuleyma Huidobro González, diputada de Movimiento Ciudadano, recordó que según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México 57 millones de mujeres y niñas tienen acceso a servicios de salud.
Sin embargo, la realidad es distinta. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica señala que a escala estatal, seis de cada 10 mujeres embarazadas no recibe atención médica; del total de defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica en mujeres de 15 a 49 años, 56 de cada 100 fueron por hemorragias posparto, 12 por eclampsia, nueve por placenta previa y seis por otro trauma obstétrico.
Ante el pleno, la legisladora citó el caso de Susana, quien falleció el domingo 6 de octubre de 2013 después de dar a luz a una niña en una clínica del Seguro Popular, en Chiapas, a la que había ingresado el viernes con dolores de parto y un embarazo de 39 semanas, pero no fue atendida hasta 24 horas después.
Con base en datos del Observatorio de Mortalidad Materna se planteó en el dictamen que de 971 muertes maternas ocurridas en 2011, 48 por ciento de esas mujeres estaban afiliadas al Seguro Popular; 21 por ciento al IMSS, Issste, Petróleos Mexicanos, así como a las secretaría de la Defensa Nacional y de Marina. El restante 20 por ciento no tenía ningún tipo de seguridad médica.
En México, en las poblaciones pobres y con alta proporción de población indígena la muerte materna sigue siendo un fenómeno frecuente, se asentó en el dictamen.
