Candidatos de Peña Nieto a la SCJN no cumplen siquiera con ser “distinguidos”, alertan ONGs

 

 

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– ¿Cuáles son los conflictos de interés que pudieran tener los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Nadie sabe. De hecho en México no es una obligación que los aspirantes a ese cargo rindan este tipo de declaración, mucho menos que sean propuestos o descartados por la sociedad. Tampoco se sabe mucho de su trayectoria, y menos sus logros como juristas o su aportación a la Justicia en México, denunciaron organizaciones civiles, puesto que el tiempo para el análisis en el Senado de cada perfil y sus comparecencias se redujo de cinco a solamente un día.

 

A pesar que la presentación de cada aspirante –hasta por 20 minutos– fue ante el pleno de la Cámara Alta, este lunes hubo poca asistencia legislativa. Estos seis candidatos y candidatas que conforman las dos ternas enviadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, son para elegir a dos ministros de la SCJN y ocupar alguna de las vacantes que habrá a partir del 1 de diciembre, por el retiro de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

 

Una veintena de organizaciones han venido denunciado que el Senado, que tienen en sus manos la elección de los nuevos magistrados, podría hacer una designación “a modo”, sin valorar el perfil de los aspirantes, que ahora, aseguran, no son blancas palomas.

 

Inclusive, el Centro Prodh, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México Evalúa informaron que la Mesa Directiva modificó el acuerdo de designación de última hora, pues las comparecencias se adelantaron para la mañana del martes y el tiempo límite de entrega de los documentos de los candidatos se cerró el lunes a las 23:00 horas. Por tanto, “los legisladores no contaron con tiempo para un análisis profundo de la información”.

 

“Cada vez que se presenta una vacante en la Suprema Corte, los legisladores establecen el procedimiento y los tiempos que van a utilizar para llevar a cabo estas tareas, a partir de acuerdos parlamentarios que se crean y modifican sin restricción alguna”, denunciaron las organizaciones y recordaron la pasada elección del Ministro Eduardo Medina Mora.

 

La primera de las ternas está integrada por: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. La segunda terna está conformada por: el Magistrado Álvaro Castro Estrada, el Procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.

 

Para el jurista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UAM) Elisur Arteaga Nava, “está flaca la caballada” pues, aseguró, Álvaro Castro Estrada es el único con el perfil para ocupar el puesto; los demás, refirió, “no son los más distinguidos”.

 

–¿Es muy evidente la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI)?

 

–Sí. Será el segundo candidato [Laynez Potisek] que meta el Secretario Luis Videgaray en la Corte. Ya tiene a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y ahora quiere a otro para que defienda la política fiscal y hacendaria –opinó Elisur.

 

–¿O sea a modo?

 

–Sí, porque es evidente que la gente se va a echar encima a Gómez Sánchez y el que aparentemente está invicto es Laynez, y que sobresale es Álvaro, pero el PRI no le apuesta a él, por su perfil.

 

–¿Y en el caso de las mujeres?

 

–Si hubiera un juego limpio la que tiene mayor perfil o la que llenaría un vacío es Sara Patricia Orea, porque ella es penalista, y en este momento en la Corte no hay penalistas.

 

Samuel Kenny, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que se pidió a Presidencia de la República elementos que comprueben que se garantizará la independencia judicial de la Suprema Corte, una garantía de participación y transparencia del proceso de elecciones y  cómo se fundamentara la elección de estos candidatos.

 

“Si no se logra que los mejores y más independientes abogados lleguen a la corte, se pierde la esencia de la democracia: la independencia judicial”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la justicia y Estado Democrático de Derecho.

 

Pero, ¿quiénes son los aspirantes a la SCJN? De acuerdo con la Cámara de Senadores y especialmente con la Mesa Directiva y la Comisión de Justicia,”los ministros deben recaer preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

 

 

En su comparecencia reconoció que la justicia es desigual en México, porque los más pobres no son escuchados por los jueces. Además señaló que el reto próximo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es trabajar en el juzgamiento de los adolescentes, para que tengan un real acceso a la justicia.

 

De hecho ella es experta en esos casos: En el Tribunal Superior de Justicia ha ocupado los cargos de secretaria Proyectista en la Décima Sala Penal y en la Sala Auxiliar, Juez Cuadragésimo de lo Penal y Magistrada adscrita a las Salas Penales Décimo Sexta y Sexta; fue ratificada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 7 de marzo de 2005 y, es Magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes, desde el 6 de octubre de 2008.

 

Nació en México, Distrito Federal, el 18 de febrero de 1959. Cursó su licenciatura en Derecho y una maestría en Política Criminal en la Universidad Nacional Autónoma de México, además cuenta con un Máster internacional en Derecho penal, constitución y derechos de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

 

Ha sido agente del Ministerio Público, adscrita a la Octava Sala Penal y a la Sala auxiliar de este Tribunal, Presidenta de la Primera Sala del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal y Directora Técnica y de Readaptación Social de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social.

 

 Javier Laynez ha sido personas de confianza de Luis Videgaray. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

 

El último en comparecer ante el pleno fue el ex Procurador Fiscal de la Federación, quien exhortó al Senado que verifique si sus actos como funcionario público se ajustaron a la ley.

 

Javier Laynez Potisek es Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; trabajó en los estudios relacionados con la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

 

En 2012, durante el anuncio de sus colaboradores cercanos el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, habló de Laynez Potisek, quien fue invitado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

 

 

La Magistrada Norma Lucía Piña, quien destacó que un Estado constitucional implica no sólo la sujeción a la ley, sino coherencia de la legislación con los derechos humanos establecidos en la Constitución.

 

Piña Hernández prometió que de ser electa para integrar el tribunal constitucional, sus resoluciones no estarán comprometidas con algún grupo de interés.

 

Fue secretaria de estudio y cuenta de la ministra Olga Sánchez Cordero, participó en 2012 en el proceso de selección para representar al Poder Judicial de la Federación (PJF) ante el Consejo de la Judicatura Federal y cuenta con su reconocimiento.

 

Es especialista en materia administrativa, psicología social y comunicación. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

 

 

En su exposición el actual Procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, se refirió al caso Tlatlaya al descartar que la dependencia que encabeza fuera omisa y que, por el contrario, trabajó con apego a ley. La culpa de aquel caso se la dejó al Ejército.

 

Pese a que durante las investigaciones del caso aseguró que no existían pruebas de que se hubiera alterado la escena donde fueron ejecutados 22 civiles por parte de elementos del Ejército.

 

Gómez Sánchez también enfatizó que “el procesamiento del lugar de los hechos que hizo la Procuraduría Estatal fue oportuno y sirvió para que la autoridad federal profundizara en las investigaciones”.

 

 

En la comparecencia indicó que la reforma en materia de derechos humanos sólo tendrá razón de ser si los demás poderes, con el Judicial, garantizan el pleno respeto de estas garantías.

 

“La reforma en materia de derechos humanos no tendría razón de ser si en armonía con los demás poderes del Estado, el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus tribunales, no se diera a la tarea de garantizar el respeto y el ejercicio de estos derechos”, declaró.

 

En 2011, cuando era Juez, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en su contra por presuntos litos contra la administración de justicia, luego de haber liberado a un sujeto acusado de lavado de dinero y cuya extradición había requerido Estados Unidos.

 

El caso no prosperó y no pasó de una amonestación por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Luego la Juez se dedicó a la materia administrativa y en junio de 2015 fue nombrada Magistrada.

 

Ella llevó casos como el del ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, quien fue acusado por el delito de defraudación fiscal.

 

 

El Magistrado Álvaro Castro Estrada fue claro: “bajo protesta de decir verdad declaro ante ustedes, señoras y señores senadores en esta alta tribuna, que no tengo conflicto de interés”.

 

En 2010 tuvo que abandonar la Subsecretaría del trabajo por acusaciones de inacción en el caso de la mina de Pasta de Conchos. Al final del sexenio, el ex Presidente Felipe Calderón lo convirtió en presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

 

Desde abril de este año es lidera el área de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y años atrñas fue Magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.