Destacaron además, que de junio de 2012 a mayo de 2015, fueron asesinados en el país 32 defensores de derechos humanos por su activismo. Oaxaca y Guerrero son las dos entidades en las que se registra el índice más alto de estos crímenes.
Mediante un comunicado dijeron que a tres años de la publicación de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el balance del trabajo hecho por la federación demuestra que no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas defensoras y periodistas; y por el contrario muestran una agravamiento.
Lo grupos civiles dieron a conocer que el informe se elaboró a partir de la sistematización y análisis de 59 casos de personas defensoras de derechos humanos, de un total de 203 casos que se han reportado a los grupos civiles.
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), que agrupa a más de 70 organizaciones sociales en el país, dijo que la violencia a los activistas proviene principalmente del crimen organizado, los caciques, las empresas trasnacionales y funcionarios de los tres niveles de gobierno, entre otros.
Al que se suman las intimidaciones a los abogados de los activistas, las campañas en su contra en medios de comunicación , el allanamiento de oficinas de asociaciones civiles, además de leyes que pretenden criminalizar la protesta social y delimitar la libertad de expresión.
Pilar Talavera, de Propuesta Cívica, criticó entre las medidas que menos se aprueban es la atención médica y psicológica, pese a que es uno de los flancos más débil de un defensor y un periodista.
Para poder contrarrestar las deficiencias del Mecanismo de Protección y de los órganos responsables de su operatividad recomendaron brindar mayor información sobre el desempeño y los resultados del Mecanismo, cumplir los tiempos de respuesta establecidos por ley; asegurar un equipo y mayor especialización en la elaboración de análisis de riesgo, que permita determinar medidas de protección adecuadas según el caso en particular.
Además urgieron brindar capacitación y sensibilización a los funcionarios, y establecer mecanismos para proteger la identidad y privacidad de las personas solicitantes o beneficiarias.
