Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El 34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México equivale a lo que se gasta en corrupción, violencia y pobreza. Es decir, aproximadamente 6 billones 086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza nacional.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que los problemas que los mexicanos consideran más importantes son inseguridad y delincuencia (70 por ciento), desempleo (51 por ciento), corrupción (48.5 por ciento), seguidos de pobreza y el mal desempeño del gobierno.
El informe “Perspectivas económicas: Las Américas”, realizado por el Foro Económico Mundial, reconoce que en América Latina es notorio el débil crecimiento económico. Esto se debe en gran medida a los factores externos que han tenido fuertes consecuencias en el debilitamiento de la confianza de las empresas, en gran medida provocado por los actos de corrupción y violencia de los países y eso “apunta a que las perspectivas económicas en la región se enfriarán aún más”.
El conjunto de estos factores ha mermado el crecimiento económico del país, inhibe las inversiones, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social.
Estos tres escenarios son problemáticas –que los académicos han calificado como “multidimensionales”, al tener un inicio y una serie de consecuencias en diferentes ámbitos y que van desde lo político y económico hasta lo cultural– tienen un punto de conjunción que es la corrupción.
“La corrupción tiene costo y es el uso ineficiente de los recursos en una economía en la que las empresas interiorizan los costos de operar bajo reglas corruptas que les ayudan a superar ciertas regulaciones o inversiones. Los costos son aquellos que refieren a la inversión extranjera perdida. Todo eso erosiona la competitividad del país, en el que estas prácticas están muy extendidas. Hay un uso ineficiente de los recursos públicos, tanto a nivel federal como estatal, que deberían ser utilizados para el bienestar de la sociedad”, dijo el investigador asociado de México Evalúa, Marcos Fernández.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realizaron el informe “México: Anatomía de la corrupción”, en el que se señala que este fenómeno se presenta ya en todos los escenarios del país; la penetración es tal que ha llegado a modificar las formas de vida de sus habitantes. Repercute de manera negativa en la economía familiar y ha profundizado la desigualdad.
“Además del crecimiento, la corrupción también impacta al desarrollo […] la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] concluye que se afecta negativamente algunas variables del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo sostenible, salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social como es la confianza”, dice el estudio.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que este problema es un elemento determinante en el crecimiento de un país y que los números negativos en este rubro se deben a eso.
Tan sólo para 2015, el estimado de crecimiento para el país se ha corregido en varias ocasiones a la baja. En agosto, el Banco de México (Banxico) ajustó la cifra de 2.0 a 3.0 por ciento a 1.7 y 2.5 por ciento; para 2016, pasó de 2.5 y 3.5 por ciento.
Una de las consecuencias del desempeño económico fue el aumento en el número de personas en pobreza: De 2012 a 2014, se incrementó esa cantidad 0.7 por ciento para sumar un total de 55.3 millones de pobres en el país.
En conclusión, el 34.1 por ciento de la riqueza del país se ocupa en corrupción, violencia y para la inversión a la erradicación a la pobreza.
Para Eduardo Bohórquez López, director del think thank Transparencia Mexicana, esta cantidad es preocupante al considerar la caída en los ingresos petroleros que se esperan para 2016, el tipo de cambio y los recortes presupuestales y agrega: “Si la inversión en corrupción es permanentemente grave, en 2016, año con pocos recursos fiscales, se pensarán en otras cosas en las que se debió invertir. Los recursos serán pocos y escasos, la situación es preocupante”.
EL GERMEN DE LA CORRUPCIÓN
El Banco de México señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del PIB, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario mínimo destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en 2013 el 90 por ciento de la población consideró la corrupción un problema y el 88 por ciento lo consideró una situación frecuente y muy frecuente. Otro 52 por ciento considera que los actos de corrupción aumentaron significativamente en los últimos años, son ya un acto normal, cotidiano y hasta un “hábito”.
En el Reporte del Índice de Competitividad Global (2014-2015) elaborado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 61 de 144 en materia. Tiene un mercado de buen tamaño y un ambiente macroeconómico estable, pero tiene resultados negativos en el ámbito de “desempeño institucional”, es decir, en el marco administrativo y legal donde “los individuos, las empresas y el gobierno interactúan económicamente […] la baja calificación perjudica la competitividad del país”.
Los costos de la corrupción pueden ser directos o indirectos, pero ambos, son un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión, y dentro de todo, al crecimiento.
México tiene otras calificaciones reprobatorias en desviación de recursos públicos, pagos extraoficiales y sobornos, favoritismo de funcionarios. En las calificaciones del Banco Mundial, México tiene una evaluación de 39 (sobre 100 lugares) en su control de corrupción, además es el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos.
En las principales actividades en las que se suele recurrir a los actos de corrupción, de acuerdo con la ENCIG, son para trámites (con autoridades de seguridad pública y permisos de propiedad, principalmente), y por sectores, es más común que se realice con policías, Partidos Políticos, Ministerios Públicos, Gobiernos estatales, Diputados y Senadores, y en el Gobierno Federal.
Una de las características de la corrupción en México es la impunidad. “¿Qué debe pasar para que un acto de corrupción sea castigado o esclarecido en México? El 95 por ciento de los actos de corrupción no se castigan”, puede leerse en el documento “México: Anatomía de la corrupción” realizado por la investigadora María Amparo Casar.
Para Bohórquez López, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –que contempla la modificación de 14 artículos de la Constitución, aproximadamente 14 leyes federales y varias modificaciones en estados y municipios– significó una seria revaloración del tema.
“2014 fue el año en que se puso en duda el paradigma anterior de lucha contra la corrupción, y se dio paso al Sistema Nacional, que tomará entre tres y 10 años en establecerse.[…] Se está en el periodo de transición, pero la sociedad todavía no ve ni cosechará ningún cambio. La sensación de impunidad persiste, la sensación de que en México no pasa nada está en todas las sobremesas, y mientras esa idea no cambie, mientras no haya responsables por los actos de corrupción que se exhiben, la gente no cambiara su percepción y no se le puede pedir que la cambie por una modificación institucional, tiene que ver resultados inmediatos”, comentó en entrevista para SinEmbargo.
Marcos Fernández, también profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador visitante del Woodrow Wilson Center, advirtió que la tarea de México no será fácil y señaló la posibilidad de que por una mala implementación no se obtengan los resultados deseados.
Consideró tres elementos “fundamentales” para que eso no ocurra y que escapan de una reforma legal: una prensa libre, que denuncie eficazmente actos de corrupción y que impulse a actuar sobre esos actos; un poder judicial independiente y profesional que aplique el marco jurídico federal y estatal; y finalmente, un servicio civil que funcione y resista las presiones políticas de las instituciones públicas, que tienen funcionarios nombrados por criterios políticos que caen en la tentación de querer influir en las investigaciones de casos de corrupción.
“En estas tres áreas hay retos sustantivos en México. Con franqueza estamos lejos de estar en una situación óptima para que estos tres pilares del Sistema Nacional Anticorrupción funcionen. Hay que fortalecer aún más esos tres elementos que en nuestros días, merman sustantivamente la posibilidad de tener el SNA que tanto hace falta al país”, sostuvo.
LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA
El costo de la violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. Foto: Cuartoscuro
El informe “Peace and Corruption 2015”, sostiene que en la mayoría de los países donde se incrementan los costos de la corrupción, hay una disminución en los índices de paz.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de los factores que afectan a las instituciones gubernamentales están los costos del terrorismo, costos de la violencia y el crimen, crimen organizado, y confianza en los servicios policiales. México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17 factores.
El costo de la violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197 mil millones de pesos.
El costo a largo plazo lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares per cápita.
“Los costos de la violencia son tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son todas las actividades relacionadas con la prevención y el castigo de la violencia, como inversiones, gastos y pérdidas materiales, así como actividades para identificar y castigar a quienes incurren en delitos relacionados con la violencia. Los costos intangibles son más difíciles de valuar, ya que incluyen estimados de la pérdida de calidad de vida de la víctima, cambios en la conducta y en los traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y de capital social a causa del miedo, así como la pérdida de libertad”, puede leerse en el reporte “Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad en México”, realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Esos costos son anticipados, de reparación y de contención. Para el año 2000, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pérdidas económicas por violencia fueron de 12.3 por ciento del PIB, o mil 45 millones de pesos; esto en atención médica, psicológica, de rehabilitación, gastos en seguridad, procuración de justicia y seguridad privada (en empresas y hogares).
El aumento de un homicidio por cada cien mil habitantes en zonas de tráfico de drogas disminuye los ingresos municipales en 1.2 por ciento. En 2010, el gasto en seguridad representó el 6.2 por ciento del total del gasto programable (197 mil millones de pesos) y para 2011, el gasto fue el equivalente al 15 por ciento del PIB.
Insyde ha señalado que en el plano microeconómico, ha habido consecuencias como una menor inversión extranjera y nacional, un desaliento en el ahorro nacional y menos confianza de un mejor panorama económico a futuro.
Se han modificado los modos de vida por los hechos de violencia que se viven tanto en pequeñas colonias como en las ciudades más importantes del país, lo que permea también las actividades económicas locales: 62 por ciento no dejaron que sus hijos salieran, 55.1 por ciento dejaron de salir de noche, 44.5 por ciento llevaron menos dinero en la cartera, 29.4 por ciento dejaron de salir a caminar.
Empresarios pueden pasar a la informalidad, abandonan los negocios o fingen deterioros, no amplían operaciones (aunque tengan recursos o existan oportunidades).
MAYOR NÚMERO DE POBRES
El número absoluto de mexicanos en pobreza aumentó de los 53.3 millones que había en 2012 a los 55.3 millones que se contabilizaron al 2014, lo que representa un aumento de casi 2 millones de personas, esto de acuerdo con las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La pobreza extrema bajó de 11.5 millones registrados en el 2012 a 11.4 millones contabilizados en el 2014. Una reducción de aproximadamente 90 mil personas.
El factor central del incremento de la pobreza en México son los bajos ingresos y afecta principalmente a quienes trabajan. En total son 63.8 millones de mexicanos en pobreza por ingresos que sirven para satisfactores básicos, es la “población con ingreso inferior a la línea de bienestar”.
México destina el 3.1 por ciento del PIB a la atención y erradicación de la pobreza a través de programas sociales, esto es 565 mil 542 millones 986 mil 416 pesos anuales, de acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Organizaciones civiles han señalado que México carece de políticas de estado que reduzcan de manera eficaz la pobreza y la desigualdad, y que por el contrario, se tienen programas en los tres niveles de gobierno que promueven prácticas clientelares.
Hay 48 programas federales destinados a proyectos productivos, generación de ingresos y servicios para la empleabilidad y cuestan 120 mil millones de pesos (casi lo mismo que se destina a Prospera y Seguro Popular). Sin embargo, estos programas tienen altos costos administrativos y no tienen la cobertura mínima.
