26 de Septiembre 2015
El magistrado español Carlos Castresana se dice preocupado por la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, pero sobre todo porque, afirma, en este escenario de violencia e inseguridad el Estado parece ausente, paralizado. A diferencia de otras naciones de Latinoamérica –como Colombia o Guatemala, donde la movilización ciudadana coadyuvó a la caída del presidente Otto Pérez Molina–, el Estado mexicano no sabe qué hacer y eso, advierte, puede llevar al país a la ingobernabilidad. “Ya no es tiempo de palabras, sino de hechos”, advierte quien llevó a juicio al exdictador Augusto Pinochet.
Detrás de la crisis de derechos humanos en México está la ausencia del Estado, sostiene el magistrado español Carlos Castresana, y pone como ejemplo la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de uniformados locales en complicidad con el crimen organizado.
Consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para temas de justicia e impunidad y exintegrante de la comisión internacional para la justicia en Guatemala, a Castresana le preocupa que el Estado mexicano no dé una respuesta a esta crisis como lo exige la sociedad. Advierte que si ésta no se resuelve con reformas judiciales de gran calado y el compromiso de los actores políticos, podría generarse una situación de ingobernabilidad y una explosión social de graves consecuencias.
Conocedor de la realidad del país desde 1996, Castresana insiste: en México el problema es la ausencia del Estado. Y esa es la diferencia con países en los cuales ha habido una situación similar de violencia, como Colombia, donde a pesar de una larga crisis de 50 años el Estado siempre estuvo presente.
“En Colombia –dice– nunca faltó el Estado. En México la crisis de derechos humanos pasa por la ausencia del Estado”. Y aclara: “No se trata de un Estado fallido o carente de recursos. Simplemente está ausente. No quiere (actuar) o no sabe cómo hacerlo.
“Esa es la parte más preocupante del problema visto desde afuera: un Estado que está paralizado, incapaz de dar respuesta a la legítima demanda de justicia de los ciudadanos.”
Refiere que una de las causas de la violencia exacerbada en México es el fracaso de la transición a la democracia durante los 12 años de gobierno del PAN. Vicente Fox, puntualiza, no quiso crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes del Estado durante el régimen del PRI, y optó sólo por una fiscalía –la que encabezó Ignacio Carrillo Prieto–, mientras que Felipe Calderón optó más por el uso de la violencia institucional para combatir al narcotráfico.
“El 2000, que significó el fin del régimen del PRI y la llegada de Vicente Fox, concitó muchas esperanzas de un cambio y no lo hizo en las instituciones. No hubo una reforma a fondo en las Fuerzas Armadas, ni en las policías ni en el sistema general de justicia.
“No se hizo y ahora se están pagando las consecuencias de un sistema anticuado, que no está al día, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que no es capaz de solucionar y poner fin a esas situaciones gravísimas de violaciones de los derechos humanos mediante una administración de justicia pronta, eficiente y transparente.”
–Esta violencia que vemos ahora ¿es la expresión más clara del fracaso de la transición a la democracia?
–Yo creo que no hay ninguna duda que la decisión de Fox fue equivocada al crear una fiscalía y no una comisión de la verdad. En todos los países donde tenemos referentes es al revés: primero se hace una comisión de la verdad, se esclarecen los hechos y luego, sobre la base de ese esclarecimiento histórico, se hace justicia. En Colombia primero han acordado la creación de la Comisión de la Verdad y luego la del mecanismo de justicia. Eso debería haberse hecho en México.
Gobernabilidad en peligro
El abogado Carlos Castresana comenta que el caso Ayotzinapa puede ser una oportunidad para el gobierno mexicano de iniciar un proceso de justicia que se ha postergado por años.
Dice que él plantea la posibilidad de crear una fiscalía internacional para investigar este caso. Sin embargo, duda que el presidente Enrique Peña Nieto y el Congreso de la Unión acepten esta ayuda como lo hizo Guatemala al reconocer que estaba rebasado por la violencia y la impunidad, y admitió el trabajo de una comisión internacional de especialistas que ayudó a establecer las bases de justicia para llevar a juicio al presidente Otto Pérez Molina.
“A pesar de que es una tragedia, hay que verle el lado positivo. (Ayotzinapa) es el punto culminante de una crisis que no puede ocurrir sin que haya una solución y una respuesta, una reacción importante. No puede pasar como una matanza más que se vaya olvidando o diluyendo.
“Aunque es una tragedia desde el punto de vista humano, es una oportunidad para el país, que tiene un llamado a dar ese parteaguas que se está necesitando y que de hecho se viene posponiendo por muchos años. Por eso, quizás, es el momento de abordar todas esas reformas que no se han hecho a tiempo”, señala Castresana.
El magistrado español ha hecho diagnósticos sobre el sistema judicial mexicano y algunos más específicos, como en Ciudad Juárez, donde, de acuerdo con su experiencia, el problema de la violencia va ligado a la impunidad y a la ineficacia del trabajo de jueces, agentes ministeriales y policiacos.
Recientemente, Castresana dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por encargo de la ONU y es fiscal de la sección penal del Tribunal Supremo en España. Es profesor asociado de derecho penal de la Universidad Carlos III de Madrid y fue profesor invitado de derecho penal internacional en la Universidad de San Francisco, California, entre 2003 y 2005. Fue asimismo director de Programas de Derechos Humanos del Centro para la Ley y la Justicia Global.
Una de las investigaciones de mayor envergadura en las que ha participado es la que presentó ante la Audiencia Nacional española contra el general chileno Augusto Pinochet, a quien acusó de genocidio, tortura y terrorismo.
En el caso de México, advierte que a pesar de las reformas constitucionales aprobadas y de las procesales que no terminan de implementarse, el país enfrenta graves problemas de derechos humanos y confrontaciones a veces entre funcionarios, policías, militares o grupos rivales de distintas organizaciones criminales que perjudican a los ciudadanos de a pie, quienes no tienen a quién recurrir.
E insiste: “En todos lados, dependiendo de las circunstancias y del momento, hay brotes de violencia exagerados a los que el Estado no da respuesta. La constante durante este tiempo es que en algunos casos el Estado ha fallado en su deber de respetar. Pero, sobre todo, en muchas o en casi todas las ocasiones ha fallado en su deber de garantizar (la seguridad). Eso es lo que influye en el abuso contra los derechos humanos, cuando lo que debería haber es un proceso de investigación, castigo y reparación de daño”.
Castresana considera que México vive una especie de conflicto armado, aunque no se le puede llamar como tal de acuerdo a las convenciones y protocolos adicionales de Ginebra.
Sin embargo, dice, este conflicto está generando una gran violencia y un número importante de víctimas, ya sea por ejecución extrajudicial o por desaparición forzada, y hasta el momento no ha habido respuesta a ello por parte del Estado mexicano, cuyas autoridades no están demostrando capacidad para reaccionar como lo demanda la sociedad.
“Los hechos más recientes, como el de los normalistas de Ayotzinapa, son el ejemplo más claro de cómo el Estado se ve desbordado no sólo por la actividad criminal, sino por su propia incapacidad de dar una respuesta adecuada y pronta a situaciones que naturalmente conmueven a la sociedad.”
–¿Dónde están los focos rojos en esta crisis de derechos humanos?
–Yo diría en dos cosas: que el Estado no está a la altura de las circunstancias. No es capaz de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos; en consecuencia, se está produciendo un divorcio muy peligroso entre la sociedad y sus instituciones. La gente no se siente representada por sus autoridades de justicia ni sus autoridades políticas. De manera que ésta es una situación que llega a afectar la gobernabilidad.
–¿Qué pasaría si no se resuelve esta crisis?
–No tenemos una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar. Pero las expectativas no son buenas. Si hay una situación de violencia desmedida y esa situación no se ataja con soluciones dentro de la legalidad, la Constitución y el estado de derecho, es muy probable que el problema se agrave.
“Y si no se soluciona, tiende a agravarse por naturaleza; eso sólo puede generar más violencia. Y esto es justamente lo que los mexicanos no quieren. Ya está en juego la gobernabilidad. De hecho hay entidades donde prácticamente hay una situación de desgobierno.”
La movilización ciudadana pacífica
Carlos Castresana fue uno de los encargados de la ONU para la reformulación del sistema de justicia en Guatemala. En México, dará consultorías al respecto para el gobierno de Oaxaca.
Comenta que la situación de violencia en México es muy similar a la que había en Guatemala, país en el que la ciudadanía es la que ha empujado los cambios en el gobierno.
Los guatemaltecos han dado una lección de ciudadanía al mundo porque llegando el punto de crisis social por la corrupción, la ineficiencia de las instituciones del Estado y la ausencia de representación política, de manera pacífica la ciudadanía tomó las riendas y salió a las calles para manifestar su inconformidad ante una situación que les parecía insoportable, sostiene.
Para Castresana, lo más positivo de la experiencia de Guatemala (la renuncia de Pérez Molina y su encarcelamiento) se ha producido sin un incidente de violencia. Esa, dice, sería la receta para los mexicanos.
“Si las autoridades mexicanas no están a la altura de la circunstancias, la gente se tiene que movilizar pacíficamente. Hay que aprender de los pequeños guatemaltecos; ellos han sido capaces de mandar a un presidente a prisión sin un solo acto de violencia, sin un herido ni un muerto”, indica.
–¿Pero eso se podrá dar en México, donde los movimientos sociales que se han expresado últimamente son armados?
–Bueno, eso es lo que hay que combatir. En Guatemala los índices de violencia son más altos que en México. Sin embargo, ese movimiento ciudadano ha sido masivo, espontáneo, sin agenda política; sólo se pedía justicia y transparencia.
“La gente fue capaz de articularse de manera pacífica. Yo creo que los mexicanos, si de algo deben huir por la experiencia histórica que tienen, es de las insurrecciones armadas. Siempre acaban mal, no sólo para los insurrectos, sino para los espectadores.”
Castresana asegura que México no tiene las cifras más altas de violencia de la región, como Venezuela y Brasil, a pesar de que no se refleja en los medios de comunicación.
La diferencia es que hubo un desplazamiento del poderío de los cárteles de la droga de Colombia a México y que el Estado mexicano no ha sabido responder a esta situación, que ya lo rebasó, como quedó demostrado con la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
“El problema en México tiene solución, pero son los mexicanos quienes deben solucionarlo. Se puede y se debe recabar el apoyo, la asistencia, la vigilancia y monitoreo desde las instancias internacionales, porque después de tantos años una de la lecciones manifiestas es que las autoridades mexicanas no han sido capaces de solucionar un problema por sí solas y que ahora se está agravando”, considera el entrevistado.
–En el caso de Ayotzinapa, usted ha hablado de la creación de una fiscalía internacional.
–Esa es una decisión de enorme calado político. En el caso de Guatemala fue una iniciativa del propio gobierno que se vio desbordado. En México se va pareciendo a la situación de Guatemala, que sí tuvo la gallardía de reconocer el problema y de llamar a la ONU y pedirle ayuda. Yo no sé si en el caso de México están dispuestos a pedir ayuda al secretario general de la ONU.
“Si esto ocurriera, por supuesto que la atenderían porque la ONU está al servicio de los Estados miembros. Pero aquí la pregusta es: ¿el Congreso mexicano ratificaría un acuerdo de esa naturaleza? Yo le apostaría poco a eso. Pero si no quieren eso, tendrán que presentar una solución alternativa, porque ya no es tiempo de palabras, sino de hechos.”
