Lunes 11 de enero de 2016, p. 11
Trece entidades reportaron, en 2015 aumento en el tamaño de su población penitenciaria, sin un respaldo en la capacidad de albergue.
Dos (estado de México y Quintana Roo) presentan mayor nivel de saturación respecto de la capacidad de sus instalaciones de reclusión, mientras sólo unos cuantos tienen holgura de espacios.
Por ejemplo, en 2014 el estado de México tenía 23 mil 995 internos en lugares con capacidad para 9 mil 964.
Al corte oficial más reciente (octubre 2015) su población penitenciaria es de 26 mil 854 y la capacidad sigue en 9 mil 964, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
En el Distrito Federal también hay sobrecupo. En 2014 reportó 39 mil 896 internos, para una capacidad de 22 mil 411; un año después, la proporción era de 36 mil 743 contra 23 mil 947 espacios.
Guerrero casi duplica su población interna frente a sus instalaciones, en una relación de 5 mil 398 contra 3 mil 620 espacios.
Igual ocurre en Hidalgo: 4 mil 134 internos en octubre pasado, están recluidos en instalaciones para 2 mil 151. En Jalisco, la situación es de 17 mil 845 contra 10 mil 222. En Nayarit hay 3 mil 623 reclusos y mil 392 espacios.
Las entidades con aumento respecto de la población penitenciaria son: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas.
Con menos presos de los que marca su capacidad instalada están: Campeche, Colima, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Esta información, cuya fuente es el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de Gobernación, fue usada en análisis con otros factores, para determinar el tamaño de subsidio federal para la seguridad pública.
Igualmente se muestra a nueve estados con más denuncias por delitos en general (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán).
En tanto, 18 registran aumento en homicidios dolosos. El total nacional de asesinatos intencionales fue de 15 mil 998 entre enero y octubre de 2014, mientras en igual lapso de 2015 la cifra llegó a 16 mil 573, es decir, 575 homicidios más de ese tipo a escala nacional.
Para el reparto de una bolsa general de 7 mil millones de pesos (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal) también se pondera la evaluación a policías: de 337 mil 209 elementos examinados en todo el país, aprobaron 237 mil 585, aunque se desconoce qué ocurrió con los 100 mil reprobados.
En el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública muestra un nivel mayor de no aprobados en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
Los casos más pronunciados en ese sentido son Sinaloa y Veracruz; en la primera entidad, fueron examinados 8 mil 406 elementos, de los cuales aprobaron sólo la mitad (4 mil 229) y de éstos se hallan en activo, con evaluación vigente, 3 mil 927.
En Veracruz, se aplicó el control a 12 mil 170 agentes; aprobaron 7 mil 715 y están en activo con evaluación vigente, 7 mil 471.
