24 de abril de 2016
En una entrevista con el diario estadunidense The New York Times, cuatro de los cinco investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron al gobierno mexicano de emprender una campaña sistemática de desprestigio e intimidación en su contra, razón por la cual no han podido emitir una conclusión sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Los expertos argumentan que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal.
“No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la Comisión. “Y en México, la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato, ¿no?”.
Señalaron que la presión sobre el GIEI socava las promesas hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los 43 estudiantes.
En la entrevista con el diario estadunidense, los investigadores aseguran que aún les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días por lo que muchos ya sospechan: ellos también creen que el gobierno trata de encubrir la desaparición de los normalistas.
“Esto es algo que probablemente nos perseguirá por mucho tiempo”, dijo Francisco Cox, un abogado chileno especializado en derechos humanos que conforma el grupo de expertos. “Pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto”, expresó.
Ese domingo el grupo dará a conocer el reporte final sobre Ayotzinapa, pero consideran que el caso está muy lejos de ser resuelto.
“Estaba claro en la investigación oficial que había una intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad”, dijo Carlos Beristain, otro experto del GIEI. “Sin embargo nosotros revelamos la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen, y su participación implica responsabilidad”.
Cuando los investigadores llegaron a México en marzo del año pasado recibieron una cálida bienvenida por parte del gobierno. En un primer momento, dijeron los expertos, existía la voluntad de compartir documentos y responder a las solicitudes de información, y esa colaboración parecía coincidir con la postura pública del gobierno.
Eso cambió abruptamente en septiembre, cuando publicaron un informe que contradice la versión del gobierno de los acontecimientos, mencionada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”.
“Después de nuestro informe quedó claro que la relación había cambiado”, dijo Cox. “Ellos pensaban que íbamos a respaldar su versión de lo que había sucedido”.
Las solicitudes de información gubernamental tomaron meses, dijeron los expertos. Se ignoraron sus sugerencias para agilizar la investigación. Comenzó una campaña mediática de difamación, se agredió a los miembros del grupo con acusaciones de malversación de fondos y llegó a decirse que en el pasado habían hecho declaraciones de apoyo de actos terroristas.
Para los investigadores, el mensaje era claro. Beristain dijo que “hay sectores dentro del gobierno que no quieren ser cuestionados y por lo tanto hay una intención de reforzar ‘la verdad histórica’, sin tomar en cuenta los nuevos elementos que hemos descubierto. “Estos sectores reaccionan como si fuéramos una amenaza y endurecieron sus medias contra nosotros, lo que fortalece la impunidad que impide que las cosas cambien”.
Los ataques de los medios de comunicación se centraron en las abogadas Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago, quien ganó un amplio reconocimiento al procesar al gobierno de Colombia por malversación militar. Además de medios poco conocidos, algunos periódicos nacionales como El Financiero y Milenio también participaron.
Quizá el ejemplo más directo de la presión gubernamental se evidenció en el inicio de una investigación penal contra Emilio Álvarez Icaza, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo internacional que nombró a los expertos.
La investigación se abrió después de que José Antonio Ortega, quien dirige una organización que simpatiza con el gobierno, presentara una denuncia contra Icaza en la que reclamaba el supuesto uso fraudulento del dinero hecho por los expertos, aunque esos fondos fueron establecidos en un acuerdo con el gobierno mexicano.
“Es interesante que eligieran investigar esta afirmación manifiestamente infundada cuando hay miles de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos sin ninguna ayuda del fiscal general”, dijo James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Eso es profundamente perturbador”.
